MADRID 11 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un total de 27 ciudadanos de nacionalidad china han sido detenidos en distintas operaciones policiales contra organizaciones criminales chinas que operaban en la Comunidad de Madrid, informó hoy la Dirección General de la Policía.
Las actuaciones fueron realizadas por agentes de la Dirección General de la Policía adscritos a la UCRIF Central, la Brigada de Extranjería de Madrid, la Brigada de Extranjería de Barcelona y la Comisaría del distrito de Usera-Villaverde, con la colaboración de la Policía Municipal de Madrid.
Las investigaciones se iniciaron en una vivienda situada en el número 6 de la calle Santa Flora, en el barrio madrileño de Carabanchel, donde un grupo de orientales se dedicaba a la reproducción, almacén y venta de copias piratas de CD's y DVD's.
En el piso fueron intervenidos numerosos efectos utilizados en las defraudaciones y copias, que alcanzaban en el mercado una cantidad valorada por los peritos de la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) en 384.500 euros. Asimismo, fueron detenidos los máximos responsables de la organización como autores de un delito contra la propiedad intelectual e industrial.
Los arrestados en este caso son cuatro y tres de ellos se encontraban ilegalmente en España. El material copiado era distribuido a distintas capitales de provincias, tales como Murcia, Vitoria, Sevilla, Pontevedra, Pamplona, Salamanca, Cuenca o Badajoz, donde disponían de la infraestructura necesaria para el almacenamiento y posterior venta del material, motivo por el que se continúan con las gestiones para la localización y detención de los distribuidores.
REAGRUPAMIENTO ILEGAL DE MENORES
En otra de las operaciones fue detenida una mujer de 46 años y natural de Zhejiang (China) que figuraba domiciliada en la calle Navacues, 1-B de Madrid, como responsable de un delito contra los derechos de los ciudadanos extranjeros, ya que reagrupaba ilegalmente menores de edad procedentes de su país.
Las investigaciones se iniciaron a raíz de las informaciones facilitadas por el Consulado General de España en Shanghai (China), en las que se alertaba que en la Misión Diplomática había sido solicitado un visado para la reagrupación familiar de un menor.
Indicios racionales apuntaban que la documentación aportada para certificar el parentesco entre el familiar reagrupante y el menor, al que se pretendía reagrupar, había sido falsificada.
Tras la entrevista mantenida por los funcionarios del Consulado, como trámite previo para la concesión del visado, el menor manifestó que en su deseo de emigrar a España había contactado con una persona, muy conocida, en la ciudad de Quingtian (China). Esta última le explicó que podía emigrar de manera ilegal a España, tramitando una falsa reagrupación familiar con un padre supuesto, que se encontraba ya en nuestro país residiendo legalmente.
Para ello, tenía que abonar unos 12.000 euros, cantidad que debía entregar en dos partes: 4.000 euros para iniciar la falsificación de documentos en China, y los 8.000 euros restantes, cuando estuviera ya de forma legal en España.
Posteriormente se averiguó que la persona que figuraba como solicitante de dicha reagrupación en España había participado antes en otros tres trámites de reagrupación a favor de menores de edad. Todos ellos fueron resueltos positivamente al haber falsificado la documentación, encontrándose actualmente en nuestro país. Dos de los reagrupados pudieran ser los hijos legales de la persona que figuraba como reagrupante.
TRÁFICO ILEGAL DE CIUDADANOS
Por otro lado, se desarticuló una red dedicada al tráfico ilegal de ciudadanos chinos a diferentes países para lo cual se valían de pasaportes falsificados de diferentes países asiáticos. En total se detuvo a 22 personas.
Las investigaciones se iniciaron en junio del año pasado año a raíz de los datos facilitados por la Oficina Central Nacional de INTERPOL España sobre la existencia de una organización criminal internacional, dedicada al tráfico de seres humanos desde China a terceros países, entre ellos España, Estados Unidos de Norteamérica, Canada y Sudáfrica.
Al final se localizaron dos domicilios utilizados por la organización que operaba en España, ambas viviendas situadas en las proximidades de la Gran Vía madrileña. Los diferentes miembros de la red en España recibían regularmente grandes cantidades de dinero desde China con las que financiaban sus actividades ilícitas.
Desde 2004 habrían recibido alrededor de 300.000 euros, dinero procedente del tráfico de seres humanos y que era reinvertido en las mismas actividades para obtener mayores beneficios. En uno de los domicilios localizados se encontraban retenidas un número indefinido de víctimas que estaban a la espera de ser enviadas a sus destinos finales de forma inmediata.
En los registros realizados en dos domicilios de Madrid fueron intervenidos 14 pasaportes falsificados, tres de ellos de Hong Kong, cuatro de Japón, uno de Gran Bretaña, cinco de Singapur y uno de Malasia; así como sellos de entrada y salida falsificados, utilizados en los puestos fronterizos de Schengen.
VÍCTIMAS EN CONDICIONES INFRAHUMANAS
Entre la abundante documentación intervenida destacan documentos de contabilidad de las actividades ejercidas por la organización, planos de distintos puestos fronterizos, e incluso un autentico manual en el que se detallaban normas de comportamiento en las fronteras, al objeto de no levantar sospechas sobre las intenciones delictivas de los diferentes miembros de la red, ante las autoridades policiales responsables.
Los investigadores localizaron a los máximos responsables de estas prácticas en el barrio de Usera de Madrid, en donde residían, y también detectaron un cuarto domicilio en el barrio madrileño de Aluche utilizado por la organización.
Las víctimas eran introducidas en España, utilizando diversas vías, con documentación falsificada. Las condiciones en las que la organización mantenía en España a las personas con las que traficaban eran lamentables, hacinados en pisos, insalubres, llegando incluso a vivir trece personas en uno de menos de cincuenta metros cuadrados, durmiendo en sacos tirados en el suelo y alimentándose únicamente de arroz.
La organización desarticulada tenía ramificaciones, además de en España, en terceros paises, siendo en la República de China, más concretamente en la región de Fujian, donde se captaba a las víctimas, para posteriormente trasladarlas a la República de Sudáfrica, México y Canadá, a través de España. En el caso de las mujeres, eran explotadas laboral o sexualmente hasta saldar la deuda contraida, estimada en unos 20.000 euros por persona.
Se estima que durante el último año y medio, dicha organización habría traficado con aproximadamente trescientos ciudadanos chinos. El beneficio económico obtenido en dicho periodo estaría próximo a los seis millones de euros.