MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -
Los juristas españoles Jesús María Martín Morillo y Altamira Guelbenzu, detenidos este miércoles en Marruecos después de aterrizar en el país para interesarse sobre la situación de 21 presos saharauis, han denunciado la ilegalidad de su expulsión tras llegar a España 24 horas después por orden del gobernador civil de Rabat.
"La Constitución marroquí prohíbe la detención sin orden judicial, y en nuestro caso no hubo orden judicial, sino una resolución administrativa no motivada. Marruecos es un país que no respeta sus propias leyes", ha criticado Martín Morillo, magistrado de lo Social de Tribunal Superior de Justicia de Asturias, tras aterrizar este jueves en el aeropuerto de Barajas, en Madrid.
Martín Morillo y la abogada Altamira Guelbenzu son dos de los cinco españoles que integraban la delegación enviada para por el Colectivo internacional de apoyo a los presos saharauis, donde también participaban dos juristas franceses y otro belga, para interesarse por la situación de 21 reclusos que hace más de un mes comenzaron una huelga de hambre en una prisión de Rabat. Se trata de saharauis condenados por un tribunal militar marroquí tras los incidentes que se produjeron en Al Aaiun en 2010 cuando se desmontó un campamento de protesta, y que provocaron la muerte de once policías marroquíes y ocho saharauis.
Según el relato de estos dos juristas, poco después de llegar ayer a Rabat, fueron "engañados" por las autoridades marroquíes y trasladados a la comisaría central de la ciudad alauí. "Nos dijeron que les acompañáramos porque tenían que verificar ciertos datos de los pasaportes", ha explicado este jueves el magistrado asturiano Martín Morillo a los medios congregados en Barajas.
Una vez que fueron trasladados a dependencias policiales, se les retiró los pasaportes, según este juez, y permanecieron cuatro horas retenidos en comisaría. "Nos tuvieron mareando la perdiz. No nos dejaron movernos, pero tampoco nos recibieron a golpes. No hubo esas cosas", ha apostillado.
Martín Morillo ha agradecido la intervención de los cuerpos diplomáticos de España, Francia y Bélgica en la resolución del incidente. "Pararon el asunto y nos permitieron regresar al hotel", ha precisado.
JUICIO SIN GARANTÍAS
La abogada Altamira Guelbenzu ha denunciado que las autoridades marroquíes les han expulsado del país sin ofrecer explicaciones, y a pesar de que los juristas que formaban la delegación internacional se negaron a firmar la orden que les obligaba a salir del país. "No nos han dicho nada y nos han acompañado hasta la puerta del avión", que ha salido desde la ciudad de Casablanca.
Guelbenzu ha anunciado también que los 21 presos que permanecían en huelga de hambre la abandonaron el pasado martes, en víspera de la llegada de la delegación internacional de juristas, pero siguen reclamando un nuevo juicio tras ser condenados por un tribunal militar "a pesar de ser civiles y sin garantías" a penas "desproporcionadas", incluso perpetuas, sin condenas "con cargos reales", según la letrada española.
La delegación en la que viajaban estos cinco españoles pretendía permanecer en Marruecos hasta el próximo sábado para interesarse por la situación de estos "presos políticos" y entrevistarse con diferentes autoridades marroquíes, como representantes del poder judicial, del ministerio de Justicia, el presidente de la corte de casación, el ministerio fiscal o la comisión interministerial de derechos humanos. También con familiares de los presos saharauis y sus abogados.
"Por eso venimos desilusionados, porque no hemos podido a hacer nada de lo que íbamos a hacer, que no era montar ningún pollo, cómo afirma el gobernador civil de Rabat", se ha quejado el juez Martín Morillo.
El Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación ha pedido este jueves de manera oficial explicaciones a Marruecos por la decisión de expulsar a estos cinco españoles. El departamento que dirige en funciones José Manuel García-Margallo ha convocado a una reunión a personal diplomático de la Embajada marroquí, a quienes se "ha transmitido formalmente" la "preocupación por las garantías de los afectados en la gestión de esta expulsión administrativa".
