MADRID, 27 Abr. (EUROPA PRESS) -
La asociación Dignidad y Justicia (DyJ) ha solicitado por carta al ministro de Presidencia, Relaciones con las Cortes y Memoria Democrática, Félix Bolaños, que 113 víctimas de ETA durante el final del Franquismo sean reconocidas por la Ley de Memoria Democrática.
En la carta firmada por el presidente de DyJ, Daniel Portero, y a la que tuvo acceso Europa Press, la asociación reclama a Bolaños como "máximo responsable" en la materia que "analice y responda a su ruego sobre si las 113 víctimas asesinadas por la organización terrorista ETA en el periodo comprendido entre enero de 1969 a 29 de diciembre de 1978 gozan de la protección, reconocimiento y reparación contenida en la Ley de Memoria Democrática".
La misiva incluye la relación de "asesinatos sin resolver entre 1 de enero de 1969 y 29 de diciembre de 1978" por orden cronológico, entre los que consta Luis Carrero Blanco, el que fuera presidente del Gobierno con Francisco Franco hasta que fue víctima de un atentado de ETA el 20 de diciembre de 1973.
DyJ cita varios artículos para recordar que la Ley de Memoria Democrática insta al reconocimiento de quienes "padecieron persecución o violencia, por razones políticas, ideológicas, de pensamiento u opinión, de conciencia o creencia religiosa, de orientación e identidad sexual, durante el período comprendido entre el golpe de Estado de 18 de julio de 1936, la Guerra de España y la Dictadura franquista hasta la entrada en vigor de la Constitución Española de 1978".
"Esta asociación solicita de su Ministerio el análisis y estudio sobre la posibilidad de aplicación de la presente Ley a las víctimas del terrorismo de la organización terrorista ETA, que fueron perseguidas, secuestradas, torturadas y asesinadas en el periodo de 1 de enero de 1969 al 29 de diciembre de 1978", señala DyJ.
La asociación que preside Daniel Portero señala que los principios generales de la Ley de Memoria se "fundamentan en la verdad, justicia, reparación y garantía de no repetición, así como en los valores democráticos de concordia, convivencia, pluralismo político, defensa de los derechos humanos, cultura de paz e igualdad de hombres y mujeres".
"Quedarían perfectamente encuadrados todos los delitos contra las personas cometidos por la organización terrorista ETA en el periodo mencionado", continúa DyJ, que subraya como "importante" que la norma señala que el reconocimiento es "plenamente compatible con los demás derechos y medidas reparadoras reconocidas en el resto de normas del ordenamiento jurídico, así como con el ejercicio de las acciones a que hubiere lugar ante los tribunales de justicia".
