El BNG plantea al Congreso que los precios eléctricos no dependan de las subastas del 'pool'

Recursos de electricidad, enchufe
EP
Actualizado: lunes, 21 febrero 2011 13:05

MADRID, 21 Feb. (EUROPA PRESS) -

El BNG ha presentado una proposición no de ley en el Congreso de los Diputados con la que pretende instar al Gobierno a modificar la Ley del sector eléctrico de 1997 para que el precio de la electricidad se estipule "en función de los costes de generación de cada tecnología" en lugar de a través del sistema basado en las subastas en el mercado mayorista o "pool".

El texto de la iniciativa, recogida por Europa Press, sostiene que en este mecanismo el precio final de la electricidad en el mercado mayorista se determina según el precio de la última oferta en ser aceptada, de forma que las tecnologías que producen a unos costes muy inferiores al resto obtienen beneficios "anormal y exageradamente elevados".

Sería el caso de tecnologías "casi o totalmente amortizadas", como la hidroeléctrica o la nuclear, que perciben unos "beneficios llovidos del cielo", mientras se habla de la existencia de déficit tarifario porque el precio de la electricidad no cubre sus costes de producción.

Para el BNG, el "problema" está precisamente en la metodología empleada para el cálculo del coste de producción a través de las subastas en el "pool" eléctrico.

A su juicio, esto lleva a la "paradoja" de que los beneficios de las grandes eléctricas sean "mucho mayores" con este sistema que los beneficios que obtenían "antes de la liberalización del negocio de la producción", cuando se ligaba el precio de la energía al coste real de producción de cada una de las tecnologías.

Asimismo, el BNG reclama que mientras que el Gobierno no pueda garantizar que los comercializadores realicen ofertas a los usuarios más vulnerables por debajo de la Tarifa de Último Recurso (TUR), se mantenga el actual umbral de 10 kilovatios de potencia contratada para determinarla.

Además, pide modificar el 'bono social', de forma que puedan acogerse a él los clientes con potencia contratada de 3,3 kilovatios, descentralizando su gestión para dejarla en manos de las comunidades autónomas.