'Los Albertos' acatan la sentencia por el 'caso de la carta falsa' y la recurren ante el Constitucional

Actualizado: jueves, 7 abril 2011 21:37

MADRID, 7 Abr. (EUROPA PRESS) -

Alberto Cortina y Alberto Alcocer han anunciado que acatarán la sentencia condenatoria dictada por el Tribunal Supremo por el 'caso de la carta falsa' e informaron que la recurrirán ante el Tribunal Constitucional por vulneración de derechos fundamentales, según informaron sus representantes legales en un comunicado.

Los abogados recordaron que se trata de la séptima sentencia que dictan los tribunales españoles relacionada con el 'caso Urbanor' y reafirmaron "su respeto" a la Justicia por todos estos pronunciamientos.

Sin embargo, los representantes legales de 'los Albertos' consideraron que la sentencia "viola", entre otros, el derecho a la presunción de inocencia de los empresarios.

Los abogados alegaron que su actuación en este nuevo asunto derivado del caso Urbanor "se limitó a encargar a su abogado en aquellos momentos (el exfiscal Ignacio Peláez, absuelto en esta causa) que actuara como él considerara oportuno, así como a pagar las minutas que presentó".

En esta séptima sentencia, el Supremo desestima todos los recursos de casación presentados por las diversas partes contra la sentencia dictada el 20 de octubre de 2009 por la Sección Séptima de la Audiencia Provincial de Madrid, que, en concreto, condenó a 'los Albertos' a 4 años de prisión por tentativa de estafa procesal.

Según señalaron los abogados, de las cinco primeras sentencias penales por el 'caso Urbanor', solo una (la dictada por el Supremo en el 2003) fue condenatoria para Alcocer y Cortina al concluir que estafaron a sus socios en la venta de los terrenos donde se sitúan las Torres Kio, propiedad de la sociedad Urbanor, en la que participaban conjuntamente.

Los representantes legales de los empresarios recordaron que incluso esta sentencia resultó anulada por otras dos sentencias ulteriores del propio Supremo dictadas en 2008, que acogieron la anulación de la condena por parte del Tribunal Constitucional por prescripción del delito y otra sentencia absolutoria de la Audiencia Provincial de Madrid.