MADRID, 8 Jun. (EUROPA PRESS) -
El Tribunal Constitucional ha admitido a trámite la cuestión de inconstitucionalidad planteada por el Tribunal Superior de Justicia de Asturias en relación con el impuesto a las grandes superficies creado por el Gobierno asturiano en 2002 y que entró en vigor en 2003, informó hoy la patronal Anged.
La admisión a trámite de la cuestión de inconstitucionalidad se produce después de que la patronal de las grandes superficies recurriera el reglamento de desarrollo de la norma que estableció el nuevo impuesto, al entender que el Gobierno autonómico carece de competencias suficientes para establecer el tributo.
Según la Asociación Nacional de Grandes Empresas de Distribución (Anged), dicho tributo vulnera la libertad de empresa y rompe el principio de igualdad en el sostenimiento de los gastos públicos, al tiempo que quiebra el principio de seguridad jurídica, preceptos recogidos en la Constitución.
En el propio recurso, Anged solicitó al Tribunal Superior de Asturias que antes de emitir el fallo planteara una cuestión de inconstitucionalidad por las ilegalidades manifestadas y que abundan en el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la norma que establece el impuesto.
La patronal que defiende los intereses de empresas como El Corte Inglés, Carrefour, Alcampo, Eroski e Ikea, entre otras, ha recurrido el desarrollo de otros reglamentos similares en Cataluña, Aragón y Navarra, mientras que el Ejecutivo ha recurrido las normas autonómicas en este sentido por razones de competencia, precisaron a Europa Press en fuentes de Anged.
