BILBAO, 6 May. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno y los diputados de Hacienda del País Vasco han acordado este viernes que pedirán al Estado un aplazamiento de cinco años para devolver los 435 millones de euros, que el Tribunal Supremo les obliga a devolver por el Impuesto sobre el Valor Añadido (IVA) cobrado por la importación y venta de vehículos de Rover en España entre los años 1990 y 2005.
Así lo confirmó a Europa Press el diputado de Hacienda de Guipúzcoa, Peio González, tras la reunión mantenida para analizar la sentencia del Supremo, e indicó que la petición se trasladará directamente al Gobierno.
González explicó que teniendo en cuenta la "importante suma" será preciso recuperarla aún con el "riesgo de entrar en déficit este año con una cantidad que incluso supere las previsiones de la Ley de Estabilidad".
La propuesta de las instituciones vascas consiste en que este año no se abone ninguna cantidad y que se acuerde el pago a partir de 2012 en pagos aplazados durante cinco años.
Por otro lado, el diputado de Hacienda de Guipúzcoa consideró "de una gravedad tremenda" la resolución del Tribunal Supremo en el denominado 'Caso Rover', que supone "una interpretación política o de oportunidad" que se "salta" la Ley de Concierto.
Por ello, González anunció que estudiarán la posibilidad de acudir al Tribunal Constitucional "e incluso a Europa" para defender los "derechos históricos" reconocidos en la Constitución.
El responsable de la Hacienda guipuzcoana lamentó que "se estén valorando más cuestiones políticas que jurídicas", algo que "para un tribunal me parece muy grave".
A su entender, aunque "en los tribunales ordinarios no cabe posibilidad de recurso" contra esta decisión, sí habría "posibilidades de recorrido en caso de que se vea algún derecho constitucional no bien cubierto" acudiendo al Tribunal Constitucional "e incluso a Europa".
En este sentido, ha recordado que Euskadi cuenta con "unos derechos históricos" que en la Constitución se "refleja como tal" y ha destacado que la Ley del Concierto, en su artículo 28, "dice con claridad" que el IVA debe imputarse "desde donde se realiza la entrega", en este caso el 'puerto seco' de Araia en Álava.
Por su parte, el Supremo concluye que no se puede atribuir la tributación del IVA al País Vasco por la sola circunstancia de que unas mercancías hayan transitado por dicha Comunidad Autónoma durante breves días, "sin que hayan sido producidas, ni transformadas, ni comercializadas en dicho territorio" y cuando sus oficinas en España está situadas en Alcalá de Henares (Madrid).
Según ha explicado, Rover acumulaba los vehículos que trasladaba para su venta en España a través del puerto de Pasajes y desde allí "salían una vez se compraban en tiendas o concesionarios".
El diputado guipuzcoano, que ha calificado de "escandalosa" la interpretación de la sentencia, ha resaltado que el tribunal "reconoce ese punto de conexión por ese artículo 28, pero termina diciendo que "como todos sabemos que la empresa está radicada en Madrid, vamos a entender que es un mero stockaje, con lo cual el IVA le corresponde a España".
Por último, González ha censurado que la administración central haya llevado a los tribunales la resolución al respecto de la Junta Arbitral, "poniendo en solfa el mecanismo del que nos hemos dotado" para dirimir los conflictos entre las instituciones vasca y central.
