ERC-IU-ICV, PNV y BNG piden devolver al Gobierno la reforma del Código Penal por regresiva y desproporcionada

MADRID, 2 (EUROPA PRESS)

Esquerra Republicana, que comparte grupo parlamentario en el Congreso con IU-ICV, así como el PNV y el BNG presentaron hoy enmiendas de totalidad contra la reforma del Código Penal, pidiendo la devolución del texto al Gobierno al considerar que es regresiva y que contempla penas desproporcionadas. El proyecto arranca así su tramitación parlamentaria y el jueves de la próxima semana pasará su primer test en el Pleno del Congreso, con la votación de estas propuestas de veto, se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias. Las enmiendas parciales se presentarán el día 9 o el 16.

El texto, aprobado por el Consejo de Ministros el pasado 13 de noviembre, supone la reforma de más de 130 artículos del Código Penal. Se crean nuevos delitos, como el de piratería, y se prevé una respuesta más contundente frente al terrorismo, los abusos contra los menores y las actuaciones que implican corrupción urbanística.

Tanto ERC como BNG coinciden al considerar que el proyecto impulsado por el Ejecutivo endurece de modo desproporcionado las penas y critican que se haya redactado bajo presión mediática y al calor de las encuestas. El PNV, por su parte, recuerda que el sistema penal español es "el más regresivo de toda Europa" y califica de abusivas y desproporcionadas algunas de las propuestas.

El portavoz de ERC, Joan Ridao, señaló hoy que el proyecto de nuevo Código penal no se puede considerar progresista, sino que refleja "una cierta involución hacia el pasado al calor sociológico de las encuestas y la presión del PP". Según explicó, la reforma actual y las que se han venido introduciendo en los últimos años muestran un "creciente endurecimiento de las penas", que ya empezó con la supresión de la redención de penas por trabajo y la tendencia al cumplimiento íntegro de las condenas.

ENMIENDA "PREVENTIVA"

En cualquier caso, precisó que su enmienda de totalidad tiene un carácter "preventivo" pues aún mantienen abierta la vía del diálogo con el Ministerio de Justicia, por lo que dejó abierta la puerta a retirarla antes del debate del 11 de marzo si se aproximan posturas.

Por su parte, el portavoz del BNG en el Congreso de los Diputados, Francisco Jorquera, reconoció hoy que es necesario acometer modificaciones en el Código Penal derivadas de compromisos internacionales asumidos por el Estado español, sin embargo, critica que la reforma sólo se centre en los aspectos punitivos y responde a la presión mediática.

Jorquera considera que algunos aspectos del proyecto, como la libertad vigilada que se aplicará a terroristas y pederastas una vez cumplan su condena, cuestiona abiertamente el artículo 25.2 de la Constitución, que establece la reinserción del penado como objetivo de la pena.

Recordó también que España el "dudoso honor de tener uno de los porcentajes de presos más altas de Europa (164 presos por cada 100.000 habitantes, mientras que la media de la UE está en 63 por cada 100.000), y sin embargo la tasa de criminalidad del Estado español es de 47,6 delitos por cada 100.000 habitantes, muy lejos de la media europea (70.4) y de países como Reino Unido (101,6) o Alemania (76,3)".

El portavoz del PNV en materia de Justicia, Emilio Olabarría, calificó igualmente de "abuso desproporcionado" la ampliación que realiza la reforma a nuevos delitos como por ejemplo "que se pueda condenar a una pena de entre 6 meses y 2 años de cárcel más una multa de seis meses, a una persona detenida vendiendo CDs copiados en la calle", según señala un comunicado de la formación.

El PNV también critica que se endurezcan las penas relacionadas con el fenómeno de la extranjería e inmigración, por considerarlo contrario a la Jurisprudencia del Tribunal Supremo o del Europeo de Derechos Humanos. "En cambio, otros delitos sobre los que sería razonable aumentar la presión del Código Penal, o no aparecen o lo hacen de modo muy laxo", según Olabarría, en alusión a los delitos contra el medio ambiente o contra la propiedad.

EN BÚSQUEDA DEL CONSENSO.

A principios del pasado mes de febrero, Caamaño citó a los portavoces de Justicia del Congreso en Santiago de Compostela para empezar a discutir la reforma, con el fin de tratar algunos de los puntos que se recogen en el texto que el Gobierno envió al Congreso.

Se trataba intentar llegar a consensos antes de que se registren las propuestas de cada partido. En la reunión se habló, entre otros asuntos, de la posibilidad de integrar en el proyecto la cadena perpetua revisable, un asunto que el PP también pretende introducir durante la tramitación de la norma, según anunció el presidente del primer partido de la oposición, Mariano Rajoy.

Tras este encuentro se produjeron diversas reuniones bilaterales entre el Ministerio y algunos grupos parlamentarios, que sin embargo no han evitado la presentación de enmiendas totales, como las de ERC, PNV y BNG.

REFORMAS.

El proyecto de Ley prevé penas de entre 10 y 15 años de prisión a quienes utilicen la violencia, la intimidación o el engaño contra embarcaciones o plataformas en el mar; y penas de entre 1 y 3 años de cárcel a quienes se resistan a las órdenes de un buque de guerra al servicio del Estado "con ocasión de la prevención o persecución" de este tipo de delitos.

Por lo que se refiere a la corrupción urbanística, la reforma del Código también introduce cambios como el endurecimiento de la respuesta penal para estos delitos, aumentándose el ámbito de las conductas típicas y persiguiéndose expresamente a las autoridades y funcionarios públicos que silencien las infracciones urbanísticas que observen en el ejercicio de sus funciones.

El proyecto también endurece la lucha contra las conductas ilícitas en el sector privado, al regular el cohecho entre particulares y reprimir los actos encaminados a corromper a los administradores de empresas de forma similar a lo que se hace a través del delito de cohecho.

Además, en el texto se regula por primera vez la responsabilidad penal de las personas jurídicas o la consideración de conductas punibles en el ámbito informático y en los delitos de torturas y contra la integridad moral, y se introduce la conducta de acoso laboral, es decir, el acoso psicológico u hostil en el marco de cualquier actividad laboral que humille al que los sufre.

EL TERRORISMO NO PRESCRIBE.

Otra de las novedades principales de esta reforma del Código Penal, que contó con el apoyo del PP en el momento de su presentación, es la no prescripción para los delitos graves de terrorismo, es decir, los que hayan causado una muerte, las más graves lesiones físicas o psíquicas o que hayan consistido en el secuestro de una persona.

El proyecto mantiene también medidas encaminadas a garantizar la mayor protección a menores de 13 años. En la actualidad, el hecho de que la víctima de un delito sexual no haya cumplido aún los 13 años se tiene en cuenta solamente a efectos de aplicar una agravante bajo la consideración de que se trata de un sujeto "especialmente vulnerable".

En el ámbito de la pornografía infantil se tipifican nuevas conductas, como la captación de menores para que participen en espectáculos pornográficos, o el ofrecimiento de pornografía infantil. También se propone la consideración como delito el hecho de lucrarse con estos espectáculos infantiles.

El proyecto aprobado por el Consejo de Ministros mantiene además la creación de la nueva medida de 'libertad vigilada' para terroristas y violadores una vez éstos cumplan su pena de prisión, una novedad que se incluía el Anteproyecto presentado el pasado año, si bien reduce su duración máxima de los 20 a los 10 años en relación con el texto inicial.