MADRID, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Francisco Caamaño, volvió hoy a pedir respeto para el Tribunal Constitucional en su tarea de dictar una sentencia sobre el Estatut de Cataluña y expresó su deseo de que el alto tribunal "resuelva todas las dudas" planteadas por los recurrentes, aunque recordó que se trata de una norma "que ha sido aprobada por los representantes legítimos del pueblo español y que ha cumplido formalmente todos sus trámites".
En una rueda de prensa conjunta con su homólogo portugués, Alberto Martins, Caamaño insistió además en que la agenda política y la agenda judicial son "completamente distintas" y recalcó que es el Tribunal Constitucional quien "tiene que determinar cuándo ha decidido y gestado una sentencia".
Con todo, el ministro expresó también su deseo de que esta sentencia llegue "lo antes posible", que sea una "buena sentencia" y que "contemple una buena interpretación de la Constitución y aclare las dudas de constitucionalidad que los recurrentes han planteado". "Que haga una buena sentencia y que todos la acatemos", remachó.
Preguntado acerca de si considera que esta tardanza del alto tribunal puede estar condicionando la agenda política, dado que este año habrá elecciones en 2010 en Cataluña, el ministro insistió en que un órgano constitucional con "el cometido y la trascendencia" de este tribunal debe "tomarse el tiempo necesario" para dirimir acerca de un asunto tan fundamental como la distribución de competencias entre Estado y comunidades autónomas y del papel interpretativo del título octavo de la Carta Magna.
Además, volvió a defender que la agenda de los órganos jurisdiccionales no debe ser la agenda política y el Tribunal Constitucional "debe fijar sus ritmos de trabajo".
EMPADRONAMIENTOS EN VIC
Por otra parte, preguntado por la decisión del Ayuntamiento de Vic (Barcelona) de no permitir que los inmigrantes en situación irregular puedan empadronares, Caamaño aseguró que el Gobierno defiende "siempre los derechos inherentes a la dignidad de las personas" y recordó que el empadronamiento es "clave" para el reconocimiento de algunos de estos derechos.
El ministro explicó que le parecería "grave" la posibilidad de que algunas personas puedan perder algunos derechos vinculados a este procedimiento legal y recordó que ya ha solicitado a la Abogacía General del Estado un informe con una valoración jurídica de la actuación del consistorio catalán para "adoptar las medidas legales oportunas" en el caso de que sea necesario.
