Estatuto C-LM.- La negociación entra en vía muerta al vetar el PP la última oferta del PSOE, que recoge la fecha de 2015

MADRID, 13 Ene. (EUROPA PRESS) -

La negociación que el PSOE y el PP vienen llevando a cabo en el Congreso para consensuar la redacción del Estatuto de Castilla-La Mancha ha entrado en vía muerta después de que la última oferta de los socialistas haya mantenido la fecha de 2015 como tope recomendado por esta comunidad para el trasvase Tajo-Segura, aunque sin mandato imperativo. Los 'populares' no aceptan que figure fecha alguna, ni siquiera como expresión de deseo.

En ese contexto, y según se informó a Europa Press en fuentes parlamentarias, el PSOE da por terminadas las negociaciones que se iniciaron en noviembre y se mantiene a la espera de la respuesta formal del PP. Por su parte, en el Grupo Popular tienen claro que no pueden aceptar ningún texto que no cuente con el visto bueno de Murcia y la Comunidad Valenciana, cuyos presidentes ya han dejado claro que no quieren ver ninguna fecha de caducidad del trasvase en el estatuto castellanomanchego.

El Estatuto de Castilla-La Mancha fue tomado en consideración por el Pleno del Congreso el pasado mes de octubre, después de un año esperando en el Registro de la Cámara. En su día contó con la unanimidad de las Cortes regionales pero desde el primer momento PP y PSOE se comprometieron a modificar los artículos que generan rechazo en otras comunidades con el fin de evitar dudas de inconstitucionalidad.

3 DE FEBRERO, FIN DE PLAZO DE ENMIENDAS

La Mesa del Congreso acordó ampliar hasta el 3 de febrero, cuando comience el próximo periodo de sesiones, el plazo de presentación de enmiendas al articulado del estatuto de Castilla-La Mancha, dando así margen a la negociación entre los dos grandes partidos.

Tanto la cuestión de las competencias como el capítulo económico y de financiación están ya prácticamente cerrados e incluso los negociadores tienen ya elaboradas las propuestas de enmiendas, que cada uno de los dos partidos presentarán por separado, aunque la redacción será idéntica.

El principal problema pendiente de solución sigue siendo el escollo del agua y la caducidad del trasvase Tajo-Segura. En su última reunión, el PSOE y el PP pusieron en común las propuestas para cerrar las enmiendas sobre agua, donde se manejaba la posibilidad de que la fecha de 2015 pase de ser un mandato a la mera expresión de una aspiración por parte de Castilla-La Mancha, pero dejando claro que la decisión compete al Estado.

Los negociadores decidieron hacer un paréntesis en Navidades, después de haber cruzado distintas redacciones de las enmiendas, y la última oferta socialista mantenía la fecha de caducidad del trasvase Tajo-Segura en 2015, pero como una mera recomendación de Castilla-La Mancha recogida en el preámbulo. A cambio se abogaría por ir reduciendo paulatinamente la cantidad de agua derivada al Segura y se garantizaría una reserva para Castilla-La Mancha de hasta 600 hectómetros.

Los socialistas quedaron a la espera de la respuesta que dé el PP y concretamente su responsable de Política Autonómica, Javier Arenas. Los populares, en cambio, no aceptan esas condiciones porque insisten en no poner fecha alguna al trasvase al considerar que la competencia sobre la política del agua no es autonómica, sino estatal y que una comunidad no puede decir cuando termina un trasvase.

En el PP no dan por perdida la negociación y seguirán buscando alguna fórmula que pueda desbloquear la situación, pero siempre teniendo en cuenta que el Grupo Popular no cerrará ningún acuerdo que no cuente con el visto bueno de las otras comunidades implicadas (Murcia y Comunidad Valenciana). "Si no aceptan lo que hay, no aceptan nada", señalan con escepticismo fuentes socialistas.

Así las cosas, si se alcanzase un acuerdo entre los dos partidos mayoritarios se citará a los representantes de la Junta de Castilla-La mancha y los portavoces de las Cortes regionales para un acto público en el que se selle el pacto para registrar las enmiendas.

NO SE DESCARTA LA RETIRADA DEL ESTATUTO

Ahora bien, si no hay un acuerdo entre los dos grandes partidos, y a día de hoy eso parece la opción más posible, se abrirá la puerta a la retirada de la propuesta castellano-manchega, un escenario que los dos grandes partidos no descartan, aunque tampoco desean.

Hasta ahora sólo un Estatuto tomado en consideración por el Pleno del Congreso se ha visto frustrado en la siguiente fase parlamentaria; fue el caso de la reforma canaria que llegó al Congreso con apoyo de PSOE y CC y que, tras las elecciones autonómicas y el cambio de alianzas de gobierno en las islas, se estrelló en la Ponencia de la Comisión Constitucional hasta que el Parlamento autonómico lo retiró en otoño de 2007.