Ve inadmisible la acusación de García Escudero y dice que el diálogo con ETA no debería ser "objeto a diario de control parlamentario"
MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -
El ministro de Justicia, Juan Fernando López Aguilar, aclaró hoy que si miembros de Batasuna crean un nuevo partido será "imprescindible" que rechacen o renuncien de forma "expresa, explícita e inequívoca" a la violencia porque si no darán lugar a una "presunción de fraude de ley" y podrá iniciarse contra esta formación un proceso de ilegalización por sospechar que pretende sustituir a la ilegalizada Batasuna.
En declaraciones a Telecinco recogidas por Europa Press, insistió en que el Gobierno no va a cambiar la Ley de Partidos "ni una sola regla de juego" para "ir al encuentro de los violentos". "Los que tienen cuentas penales con la justicia, las saldan y los que han alentado, jaleado o justificado la violencia durante tanto tiempo deben conciliarse con la legalidad y con la democracia", afirmó.
Por otra parte, López Aguilar hizo una llamada al PP para que cambie de actitud y posibilite "la unión de todos los demócratas" en lugar de seguir con una política de oposición en materia antiterrorista basada, según él, en la "insidia" y la "mentira".
"No tiene ninguna correspondencia con la verdad que ETA esté más fuerte ahora que hace tres o cuatro años, que se esté entregando el Estado de Derecho a una organización terrorista, que haya un proceso de autodeterminación ni muchísimo menos algo que vaya a afectar a una comunidad autónoma absolutamente sólida y que es parte ya irreversible de nuestro Estado autonómico como es Navarra", argumentó.
Además, denunció que todas estas acusaciones las vierta a diario el PP de forma "grosera y zafia" y consideró que los españoles "merecen" una "oposición distinta".
Asimismo, consideró inadmisible la intervención ayer del senador 'popular' Pío García Escudero en la sesión de Control al Gobierno, donde acusó al presidente del Ejecutivo, José Luis Rodríguez Zapatero, de tener una estrategia desde 2002 de contactos con Batasuna, conocidos y consentidos, mientras "ETA asesinaba a su compañero Joseba Pagazaurtundua" y destacó frente a estas declaraciones la "templanza" del jefe del Gobierno.
Preguntado por las recientes declaraciones del fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido, en las que, en una alusión velada al PP, afirmó que parecía que algunos no desean que no haya más muertos por la violencia de ETA, López Aguilar defendió el derecho de Conde-Pumpido de responder a las acusaciones lanzadas del PP, que lo ha calificado de "amigo de los terroristas", en palabras del ministro.
REBAJA DE PENA PARA DE JUANA CHAOS
Por otra parte y con respecto a la eventual rebaja de pena en la petición de la Fiscalía para el etarra José Ignacio de Juana Chaos, que será juzgado el próximo día 27 por amenazas terroristas, consideró que Conde-Pumpido explicó durante su última comparecencia en el Senado "cuál es el fundamento jurídico" de la "calificación" que va a llevarse al juicio y que "puede modificarse" en el curso de esa calificación, por lo que pidió "respeto" para el fiscal, al que no le corresponde dictar la condena, sino a un tribunal independiente.
En esa comparecencia, Conde-Pumpido afirmó que la Fiscalía de la Audiencia Nacional tendrá en cuenta el perfil sanguinario del etarra a la hora de rebajar su petición de pena, pero matizó que "pedir la misma pena para quien amenaza que para quien mata constituye una aplicación desproporcionada conforme a derecho". "Si amenazar está castigado como matar esto llevaría a la conclusión de 'por qué' no matar directamente", sostuvo el fiscal.
EL PROCESO NECESITA DISCRECCÓN
Por último, advirtió de que el proceso abierto de diálogo con ETA "no puede estar acompañado de declaraciones ni de noticias todos los días" ni debería ser "objeto a diario de control parlamentario" porque, justificó, el Gobierno "necesita discreción y templanza para poder hacer su trabajo".
Con respecto al mantenimiento de la 'kale borroka', negó que esté en una situación peor que años anteriores, aseguró que no puede impedir que el conjunto de la sociedad mantenga la esperanza de hacer desaparecer de forma irreversible la violencia etarra y aseveró que el ordenamiento jurídico tiene mecanismos para responder y responde frente a ella.
