MADRID 24 Jun. (EUROPA PRESS) -
El presidente de Dignidad y Justicia, Daniel Portero, advirtió hoy que si se archiva el caso Egunkaria, los pro etarras "podrían solicitar una responsabilidad patrimonial del Estado de cerca de diez mil millones de las antiguas pesetas", además, le parece "triste que sean los ciudadanos, a través de una acusación pública, los que tengan que defender al Estado de una posible indemnización mil millonaria".
En declaraciones a Onda Cero recogidas por Europa Press, Portero denunció que la Fiscalía, "que fue quien inició el caso en el año 2003 junto al juez del Olmo" contra el periódico Egunkaria por, supuestamente, defender los intereses de la banda terrorista ETA, "ayer se alineó totalmente con los criterios de la defensa" que solicitaban que se archive el caso alegando que esos hechos ya fueron juzgados en el caso Ekin, hecho que calificó el presidente de la asociación de "vergonzoso".
En el caso Ekin, Xavier Alegría, también imputado en el caso Egunkaria, fue condenado a 12 años de prisión por pertenencia a ETA, condena que está cumpliendo en la actualidad, pero Daniel Portero afirmó que "existen otros dirigentes dentro del entramado, además de alrededor de 25 empresas y se trata de que ETA, a través de sus medios de comunicación, no tenga altavoz y no pueda socializar el mundo de la izquierda abertzale".
La asociación Dignidad y Justicia, que se persona como acusación particular en los casos de terrorismo, quiere evitar que los dirigentes del clausurado diario Egunkaria puedan recibir una indemnización estatal porque "ya disponen de una infraestructura comunicativa importante en el Martin Ugalde Kultur Parkea" y, con ese dinero, "se convertiría en una máquina mediática potentísima, que, desde luego, haría muy difícil acabar definitivamente con el terrorismo", dijo su presidente.
En relación al juicio que se celebrará contra Batasuna, Portero lo calificó de "importantísimo de cara a las subvenciones que han recibido como partido político y a través de las subvenciones que recibieron en su momento a través de las herriko tabernas" que "aún siguen abiertas".
El colectivo pide también "el cierre de 10 ó 12 herriko tabernas" que funciona como bares aunque "no reciben subvenciones del Gobierno vasco" pero "existen todavía incautaciones de documentación importantes". En ese sentido, alertó de que "están utilizando actualmente unas nuevas tabernas que se llaman gaztetxes, utilizadas por las juventudes en el País Vasco, y que están supliendo un poco la labor que hacían las herriko tabernas".