Foro de Ermua pide que 50 diputados o senadores puedan instar a la ilegalización de partidos o la disolución de ayuntamientos
MADRID, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
Ana Iríbar, viuda del teniente de alcalde de San Sebastián Gregorio Ordóñez asesinado por ETA en 1995, ha asegurado en el Congreso que estaría dispuesta a devolver todas las indemnizaciones recibidas como víctima del terrorismo a cambio de que los partidos políticos se comprometieran por ley a no negociar con organizaciones terroristas.
Iríbar ha hecho esta afirmación durante su comparecencia ante la Comisión de Interior que tramita la proposición de Ley de reconocimiento y protección integral a las Víctimas del Terrorismo, en la que hoy han aportado su opinión sobre el proyecto presentado por todos los grupos parlamentarios una docena de representantes de las víctimas.
La viuda de Gregorio Ordóñez y presidenta de la Fundación con el nombre del dirigente 'popular', se ha sumado a la petición ya formulada ayer por los representes de la Asociación de Víctimas del Terrorismo y de Dignidad y Justicia para reclamar que la negociación con terroristas quede impedida legalmente.
"Devolvería hasta el último céntimo de las indemnizaciones y renunciaría a todo si con ello se comprometieran a no negociar con terroristas, a impedir su participación en las instituciones, a aislar a los terroristas y sus cómplices, a defender el cumplimiento íntegro de las penas y a impedir casos tan terribles como los de De Juana Chaos o Pilar Elías", ha avanzado.
LA LEY, UNA PARADOJA
Para ella, la ley no pasa de ser "una paradoja" después de 50 años de terrorismo y cuando todavía hay 42 ayuntamientos en el País Vasco y Navarra gobernados por Acción Nacionalista Vasca (ANV), quedan más de 600 atentados sin resolver o "durante años se ha menospreciado a las víctimas y se ha pisoteado su dignidad".
Pero además, ha lamentado que se intente legislar sobre conceptos como "dignidad o solidaridad" y ha recordado capítulos "bochornosos" como la negociación con ETA puesta en marcha durante la pasada legislatura por el Gobierno de José Luis Rodríguez Zapatero.
Iríbar ha pedido a los representantes políticos que piensen en cada una de las víctimas asesinadas cuando sientan "la tentación" de hacer "una sola concesión al mundo terrorista" y les ha advertido de que defender la dignidad de las víctimas es "algo más" que plasmarlo por escrito, ya que además implica "combatir a ETA y renunciar expresamente a la negociación". "Sólo entonces la ley dejará de ser una paradoja", ha avisado.
En este punto ha coincidido el presidente de la Fundación Tomás Caballero, hijo del político asesinado en 1998. "ETA y cualquier otra organización deben tener claro que matar nunca les podrá conferir una situación de privilegio para alcanzar sus aspiraciones políticas y que no les queda más remedio que rendirse sin contrapartida alguna", ha defendido tras poner sobre la mesa la posibilidad de que la futura ley revoque la resolución del Congreso que autoriza la negociación.
El secretario general del Foro de Ermua, Íñigo Martínez de Pisón, también ha apoyado este aspecto, aunque como jurista ha reconocido sus dudas sobre las consecuencias "prácticas" que podría tener la inclusión de una prohibición de negociación en la exposición de motivos. Sin embargo, ha defendido que se trataría un "pacto político" que podría tener su mayor expresión en la revocación de la resolución del Congreso.
Además, ha propuesto algunas modificaciones legislativas para que un grupo de cincuenta diputados o senadores estén habilitados para instar a la ilegalización de formaciones políticas o a la disolución de ayuntamientos que muestren algún apoyo o relación con el terrorismo.
IGUALDAD EN LAS INDEMNIZACIONES Y PENSIONES
Por su parte, el presidente de la asociación valenciana de víctimas, José Vicente Villegas, ha sostenido que una organización terrorista sólo desaparece cuando existe unidad entre todas las formaciones políticas, y para ello ha puesto como ejemplo al Grapo. La misma idea la ha sostenido
Respecto a la ley, ha lamentado que el texto presentado no garantiza la igualdad de las víctimas en cuanto a las indemnizaciones ni pensiones. "Las injusticias acarrean mucho daño, pueden acarrear hasta odio, intentemos igualar a todas las víctimas", ha reclamado.
También ha reclamado una modificación de la tabla de indemnizaciones el representante de la asociación catalana de víctimas, José Vargas Rincón, quien además ha pedido que la ley "no cierre la puerta" a una futura revisión de las cuantías en el futuro para actualizarlas.
Otra de las propuestas ha llegado de la mano del patrono de la Fundación Fernando Buesa Blanco Faustino López de Foronda, quien ha propuesto la creación de un centro de la memoria del que formen parte las instituciones del Estado, del País Vasco y las propias víctimas para "contruir una memoria colectiva, plural, compartida y consensuada".
OLVIDO DE LOS MIEMBROS DE LOS CFSE
Por su parte, el portavoz de la comisión gestora de la asociación gallega, Antonio Suárez, ha centrado su intervención en los miembros de los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado, que quedan en "el olvido y el abandono" con la actual redacción. "Es el colectivo más abandonado y perjudicado con esta ley", ha denunciado.
También han comparecido esta tarde en el Congreso los representantes de las asociaciones extremeña y murciana de víctimas, José María Antón y Segundo Morales, respectivamente, quienes realizaron múltiples propuestas para mejorar el texto legal y manifestaron su deseo de que las medidas que contempla "no queden en saco roto".
La presidenta de la asociación canaria, Lucía Jiménez, ha basado su intervención en las víctimas "más olvidadas" de España, que a su juicio son aquellas que sufrieron los atentados terroristas perpetrados por el Frente Polisario durante los años 70 y 80. "Deben ser valientes y dar un paso adelante", ha retado a los parlamentarios.
La ley contempla por primera vez la figura del amenazado, algo que ha sido celebrado por el presidente de la asociación ZAITU pro amenazados, perseguidos y exiliados a causa de ETA, Joseba Markaida, quien además ha advertido de la dificultad de este asunto y ha explicado que deberá estudiarse caso por caso para darles la debida respuesta.
El representante de los amenazados también ha pedido que se les informe de las cuestiones que les afectan, como la reciente reestructuración de los escoltas en el País Vasco, y tener una "fluida relación" tanto con la Consejería de Interior del País Vasco como con el Ministerio del Interior.
Por último, el presidente de la Asociación para la Defensa de la Dignidad Humana, Pedro Pérez, ha hecho hincapié en la necesidad de prestar una mayor atención a la "cultura de la paz", que a su juicio debe estar basada en la memoria, y ha pedido a los representantes políticos que encabecen la "lucha contra el olvido".
Los representantes de todos los grupos parlamentarios han mostrado su agradecimiento a las víctimas por sus aportaciones y han mostrado su disposición a seguir manteniendo el contacto para incluir sus propuestas en las modificaciones que se realicen en el texto.
RESPUESTA DE LOS PARTIDOS
Como ya hiciera ayer la portavoz del PP en el Congreso, Soraya Sáenz de Santamaría, el diputado 'popular' Ignacio Cosidó ha asegurado que los 'populares' intentarán incluir todas las propuestas, incluso aquellas "más difíciles" como la prohibición de negociación con los terroristas.
Por su parte, el diputado del PNV Emilio Olabarría ha aprovechado su intervención para desvincular a los nacionalistas vascos de ETA. "Tiene razón, pero lo difícil en el País Vasco es ser no nacionalista", ha respondido el diputado 'popular' Alfonso Alonso.
