EU denuncia que los 182 millones pendientes de pago del Ayuntamiento de Valencia supondrán 60 millones de intereses

EUROPA PRESS

VALENCIA 22 May. (EUROPA PRESS) -

El grupo municipal de Esquerra Unida (EU) en el Ayuntamiento de Valencia ha denunciado este martes que los más de 182 millones de obligaciones pendientes de pago del consistorio van a suponer el pago en diez años de más de 60 millones de euros en intereses.

EU, en un comunicado, ha explicado que estos son sólo algunos de los datos que se han dado a conocer en la comisión de Hacienda en la que también se ha aprobado la segunda, tercera y cuarta modificaciones de créditos extraordinarios y suplementos de créditos.

La concejala de EU, Rosa Albert, ha indicado que "la información que se extrae de estas modificaciones no hacen más que reafirmar el estado de colapso financiero al que ha llevado el PP a la ciudad de Valencia y que supone que durante diez años, tanto la inversión como la prestación de servicios públicos, va a estar hipotecada".

En este sentido, la edil ha asegurado que "la cantidad de deuda inicial aumentaría hasta alcanzar los casi 200 millones de euros y, por tanto, se está pagando con ingresos de 2012 gastos del 2011". Respecto a la segunda modificación de crédito, Albert ha destacado que se ha aprobado un ingreso de 88 millones de euros procedentes de la línea de crédito ICO.

"A través de este crédito se van a cancelar obligaciones pendientes de reconocer y aplicar al presupuesto de 2011 tanto del Ayuntamiento como de sus organismos autónomos, es decir, gastos que no tenían consignación presupuestaria y de los que hemos tenido conocimiento a partir de la aprobación del plan de ajuste y que ha obligado a los ayuntamientos a aflorar sus facturas", ha afirmado la concejala.

De estos 88 millones, según la edil, un total de 86 corresponden a facturas pendientes de pago del Ayuntamiento y más de 1,6 millones de euros a los organismos autónomos. Para la edil, "lo que más nos preocupa de esta situación es que más de 83 millones de estas facturas correspondían a gasto corriente".

Sobre la tercera modificación de créditos, ha indicado que existen más de 17,5 millones de euros que no se encontrarían incluidos en los 182 millones iniciales al tratarse de gastos que, a 31 de diciembre, se encontraban sin consignación presupuestaria y de facturas pendientes de fiscalización.

Al respecto, ha asegurado que estos 17,5 millones de euros "se van a financiar con los mayores ingresos generados por el incremento del 10 por ciento del IBI", por lo tanto, "la cantidad de deuda inicial aumentaría hasta alcanzar los casi 200 millones de euros y, por tanto, se está pagando con ingresos de 2012 gastos del 2011", ha manifestado.

CUARTA MODIFICACIÓN DE CRÉDITOS

La cuarta modificación de crédito extraordinario se ha aprobado por un importe de 6.257.502 euros y "se ha tenido que realizar para atender gastos cuya cuantía presupuestaria original ha resultado insuficiente", ha comentado Albert.

Según ha explicado la edil, "nos preocupa que de esos seis millones de euros, cerca de 5,5 vayan a destinadas a atender el pago de determinados gastos como son el de suministro eléctrico por un importe de 2,3 millones de euros, el del gas por 248.000 euros, el del agua por 142.000 euros y para el abono de sentencias relativas a expropiaciones 2'7 millones de euros".

En definitiva, "todas estas modificaciones de crédito, por mucho que el PP intente vender la imagen de una administración saneada, ha mermado nuestro superávit inicial o capacidad de financiación del presupuesto de 2012 con más de 23 millones de euros", ha dicho la concejala, quien también ha señalado que en cinco meses, fruto de estas modificaciones, "se ha visto disminuida en diez millones de euros".

REGLAMENTO DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

Por otra parte, Albert ha lamentado que no se haya aceptado ninguna de las enmiendas que presentó el grupo municipal de Esquerra Unida al Reglamento de Participación Ciudadana y, por tanto, "nos hemos abstenido en este punto".

Desde Esquerra Unida consideran que "no es correcta la actitud del equipo de gobierno del PP cuando no acepta ninguna enmienda de las presentadas por los grupos de la oposición en un tema precisamente como éste, que pretende regular la participación ciudadana".