BRUSELAS, 5 Sep. (EUROPA PRESS) -
El grupo del Parlamento Europeo para vigilar la democracia, el Estado de derecho y los Derechos Fundamentales en la Unión Europea examinará este jueves la situación en España, en una sesión a puerta cerrada a la que ha sido invitada la ministra de Justicia, Pilar Llop, que no acudirá por razones de agenda.
La comisión europarlamentaria de Justicia, Libertades Civiles e Interior (LIBE) creó la pasada legislatura este grupo --con catorce eurodiputados de todas las familias políticas-- para examinar los riesgos democráticos en Malta y Eslovenia tras el asesinato de periodistas en estos dos países, aunque su mandato se ha prorrogado para ampliar también el examen al resto de Estados miembro.
En este contexto, y tras el segundo informe anual de la Comisión Europea sobre el Estado de derecho en los Veintisiete, será España el primer país sobre cuya salud democrática se debatirá, a puerta cerrada, y con presencia de representantes del Ejecutivo comunitario y de la Comisión de Venecia, este último órgano consultivo del Consejo de Europa, que no forma parte de las instituciones de la UE.
Tanto Bruselas como la Comisión de Venecia han confirmado su participación en el debate, según han indicado a Europa Press fuentes parlamentarias, que precisan que la respuesta de las autoridades españolas sigue pendiente.
En todo caso, fuentes del Ministerio de Justicia han aclarado que la ministra no puede asistir a esta convocatoria, pero se mantienen conversaciones para que acuda en otra fecha, cuando se acuerde entre las dos partes; al tiempo que precisan que sería en todo caso a una sesión de la comisión LIBE y no de la subcomisión --creada para estos exámenes--.
Tras la discusión sobre España en la sesión de septiembre, el grupo europarlamentario analizará también a puerta cerrada el caso de otros países miembro a lo largo de los próximos meses, incluidos Eslovenia en octubre, Francia en noviembre y Bulgaria en diciembre.
El objetivo de estos debates es evaluar la situación del Estado de derecho en cada Estado miembro e identificar posibles amenazas y el grupo podrá más adelante proponer a la comisión de Justicia e Interior de la Eurocámara tomar iniciativas como organizar misiones a los países, celebrar audiencias parlamentarias o proponer resoluciones e informes al pleno.
En análisis anual publicado el pasado julio, Bruselas consideró una "prioridad" que en España se desbloquee la renovación del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) y reclamó que "inmediatamente después" de tal renovación se iniciara la reforma que permita que los siguientes nombramientos de este órgano de gobierno los realicen los propios jueces, en línea con los estándares europeos.
En el caso de España, además de sobre el CGPJ, el Ejecutivo comunitario volvió a poner el foco en la preocupación con la que observa la independencia del Ministerio Fiscal con respecto al Gobierno, aunque se hayan adoptado "enmiendas dirigidas a una mayor transparencia en las relaciones" entre ambos.
