El acuerdo de PNV y PSOE, valorado en 472 millones, incluye también transferir Inspección de Trabajo, FP y el Instituto Social de Marina
BILBAO, 22 Sep. (EUROPA PRESS) -
Euskadi contará, a partir del 1 de enero de 2011, con la transferencia de las políticas activas de empleo, incluidas las bonificaciones de las cuotas empresariales, tras el acuerdo alcanzado entre PNV y PSOE y que, por un importe global de 472 millones, también incluye otras transferencias sociolaborales como la Inspección de Trabajo, la Formación Profesional y el Instituto Social de la Marina. Estas políticas serán gestionadas por el Servicio vasco de Empleo, Lanbide.
Las políticas activas de empleo son un conjunto de programas y medidas de orientación al empleo y formación para mejorar las posibilidades de acceso al mercado laboral. Por lo tanto, incluye la intermediación y colocación en el mercado laboral, el fomento del empleo, la contratación, la formación continua y la profesional.
Euskadi es la última comunidad autónoma en contar con la transferencia de las políticas activas de empleo, ya que, hasta ahora, había sido imposible el acuerdo. Desde el Gobierno central, se entendía que lo que se estaba planteando por parte de los sucesivos ejecutivos del PNV era una ruptura de la Caja Única de la Seguridad Social al vincular las políticas activas y las pasivas, que son el conjunto de prestaciones por desempleo. En el acuerdo alcanzado se ha logrado buscar una fórmula que, garantizando las reivindicaciones jeltzales, no se rompiera la Caja Única.
El 21 de mayo de 2009, el lehendakari, Patxi López, y el vicepresidente tercero del Gobierno, Manuel Chaves, acordaron, de forma definitiva, la transferencia de las políticas activas de empleo a Euskadi, que se haría efectiva el 1 de enero de 2010.
Este compromiso formaba parte del calendario establecido entre los Ejecutivos de Zapatero y de Patxi López para avanzar en la transferencia de las competencias pendientes de asumir por parte de la Comunidad Autónoma. Sin embargo, esa tranferencia no se llegó formalizar.
En el mes de noviembre, cuando se negociaba cómo realizar el traspaso entre ambas administraciones, se conoció que, con motivo de la negociación de los Presupuestos Generales de 2010, el PNV había alcanzado un acuerdo con el PSOE, por el que los socialistas se comprometían a pactar con el PNV la transferencia, si ésta se realizaba antes de septiembre de 2010.
Ambos acordaron que, si no se materializara el traspaso antes de septiembre de 2010, se realizaría previo acuerdo con la formación jeltzale. En caso de materializarse antes, se haría manteniendo informado, en todo momento, al PNV de las negociaciones entre las admnistraciones central y vasca.
El partido jeltzale ha realizado, desde entonces, reiteradas advertencias para que la competencia se transfiriera de manera "completa", de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de Autonomía y al Concierto económico y cifraba su cuantificación en torno a los 450 o 480 millones.
El PNV rechazaba que se viniera a Euskadi una "transferencia devaluada", como, a su juicio, suponía que la pretendía el Gobierno vasco, y que, en un principio, se cifraba en 300 millones de euros.
Mientras, por parte del Ejecutivo de Patxi López, se acusaba al PNV de "vetar" esta competencia y de perjudicar a Euskadi, principalmente, a los parados en plena crisis económica.
Transcurrido un año desde que los jeltzales y los socialistas firmaran el acuerdo de presupuestos para 2010, sin que el traspaso se hiciera efectivo, el PNV ha exigido la transferencia en los términos que él planteaba antes de entrar a negociar las cuentas estatales para 2011.
PGE
El acuerdo alcanzado para traspasar la competencia supone que se abra 'de facto' el proceso negociador de los Presupuestos Generales del Estado, ya que la falta de concreción en la materialización de esta transferencia era la traba para que la formación jeltzale entrara a la negociación.
El PNV, desde el principio, ha defendido que, si la transferencia no se materializaba tal como establece el Estatuto de Gernika, no habría acuerdo y no entraría a negociar las cuentas estatales. La formación jeltzale ya tiene perfiladas las reivindicaciones que pondrá encima de la mesa.
Con motivo del Debate sobre el Estado de la Nación, el PNV planteó una serie de prioridades para el partido, una gran parte de las cuales han sido recogidas en el pacto.
El acuerdo supone transferir a Euskadi las funciones, bienes y personal de las políticas activas de empleo, incluyendo bonificaciones a las cuotas, la intermediación laboral, la Formación Profesional (tanto ocupacional como continua), el Instituto Social de la Marina y la Inspección Laboral.
Además, también se ha acordado que, en cuanto se reorganice el Fogasa, de acuerdo a la última reforma laboral, se procederá a la transferencia de las funciones ejecutivas vinculadas al mismo.
LANBIDE
El servicio vasco de empleo, Lanbide, rediseñado por el Gobierno socialista, y que previsiblemente se pondrá en marcha el 1 de enero de 2011, será el encargado de gestionar las políticas activas de empleo.
Lanbide se constituirá a través de la figura de entidad pública de derecho privado. Hasta ahora, al no contar Euskadi con las transferencia de las políticas activas, es el Servicio de Empleo Estatal -antiguo Inem- el que gestiona en Euskadi los programas de empleo y formación. Además se encarga de las políticas pasivas, es decir, de los subsidios por desempleo.
El nuevo Servicio Vasco de Empleo (Lanbide) realizará todas las actuaciones destinadas a fomentar la creación de empleo como programas de formación, subvenciones-ayudas, orientación a particulares y empresas, intermediación y programas de incentivación para el empleo, o planes conjuntos con las corporaciones locales para la creación de empleo, entre otros.
