El fiscal y la acusación particular mantienen su petición de pena de inhabilitación
SANTANDER, 14 Ene. (EUROPA PRESS) -
El exalcalde socialista de Camargo (Cantabria) Eduardo López Lejardi defiende que encargó, sin concurso previo, a Entidad Patrimonial el mantenimiento y gestión de los centros públicos para resolver una "emergencia" causada, a su juicio, por el Gobierno de Cantabria, mientras que su sucesora en el cargo, María Jesús Calva, ha sostenido que intentó en vano legalizar la situación.
Así se han expresado en el juicio que este lunes se ha celebrado contra ambos en el Juzgado de lo Penal Número 2 de Santander por sendos delitos continuados de prevaricación, en el que ambos han mantenido su inocencia.
López Lejardi ha explicado que, en 2003, cuando era alcalde, el Gobierno de Cantabria, que había asumido del Estado las competencias en materia de Trabajo, ordenó al Ayuntamiento de Camargo despedir "de la noche a la mañana" a una serie de trabajadores que se encargaban del mantenimiento de los centros públicos --deportivos, culturales y escolares-- gracias a un convenio firmado que existía desde hacía tiempo entre el INEM y el Consistorio para la contratación de parados.
UN "FOLLÓN"
Al encontrarse con este "follón", y al no haber consignación presupuestaria para que el Ayuntamiento pudiera contratar a estos trabajadores, López Lejardi ha señalado que "lo resolvió como buenamente pudo" para que estas personas pudieran continuar trabajando y para que se pudieran seguir prestando los servicios.
Para ello, ha explicado que habló con Entidad Patrimonial para que subrrogara los contratos de estos trabajadores y, con ellos, asumiera las labores de mantenimiento.
La prestación de este servicio por parte de la empresa y la correspondiente presentación de facturas por parte de Entidad Patrimonial en cobro por los mismos llevó al interventor municipal a emitir un informe de reparo.
"Eran 48 horas para tomar una decisión", ha afirmado López Lejardi, quien ha mantenido que tras contratar a Entidad Patrimonial encargó el inicio del procedimiento de contratación para regularizar la situación. Sin embargo, en la causa no hay documentación que acredite que se inició el mismo.
"Están en el expediente los (documentos) que perjudican pero no los que pueden favorecer", ha afirmado en su exposición final el abogado del exalcalde socialista, quien ha atribuido la causa, en la que está personada como acusación particular La Unión, a una "represalia" o "rivalidad política" que, a su juicio, debe ser "rechazada" en el ámbito de los tribunales.
Además, el letrado ha afirmado que le "extraña" que la denuncia de estos hechos proceda de una formación política que no tiene representación en el Ayuntamiento de Camargo y que, por otra parte, ha presentado documentación interna del Consistorio.
Por otra parte, ha negado que su defendido actuara por "capricho" o generase un perjuicio patrimonial para el Consistorio, algo que sí han sostenido el fiscal y la abogada de la acusación particular en su exposición final.
Éstos ha considerado que el proceder de López Lejardi provocó que posteriormente el Ayuntamiento tuviera que contratar como personal indefinido a estos trabajadores por sentencia de la Sala de lo Social de la Audiencia Provincial que entendió que hubo una cesión ilegal de trabajadores y obligó a incorporarlos a la plantilla municipal.
UNA SITUACIÓN QUE "LE VINO DADA"
Por su parte, Calva ha explicado que a los dos o tres meses de asumir la Alcaldía tras la dimisión de López Lejardi hubo un nuevo informe de reparo del interventor municipal sobre la situación de Entidad Patrimonial e "inició inmediatamente el procedimiento de contratación" para la parte que afectaba al mantenimiento de las instalaciones deportivas.
Sin embargo, ha explicado que no siguió con la regularización de la situación en el resto de instalaciones y mantuvo a Entidad Patrimonial tras tener conocimiento, por una parte, de la impugnación del pliego de condiciones ante los tribunales, y, por otra, de la denuncia presentada por los trabajadores por cesión ilegal.
A su juicio, con ambos procedimientos judiciales abiertos por la vía contencioso-administrativo y social, "intentó en todo momento que no hubiera perjuicios" para el Ayuntamiento y decidió paralizar el procedimiento de contratación para no tener que afrontar posibles indemnizaciones por el pliego impugnado.
Mientras que el fiscal y la abogada de la acusación mantienen que López Lejardi y Calva de hacer "caso omiso" de la casi decena de informes de reparo del interventor municipal advirtiendo de la situación irregular de Entidad Patrimonial y mantener a esta empresa a sabiendas de su situación, el abogado de la socialista ha mantenido que se levantó el reparo para que la empresa pudiera cobrar.
Además, su letrado ha mantenido que a Calva la situación con Entidad Patrimonial "le vino dada" e hizo "todo lo que estaba en su mano para regularizarla y legalizarla".
A su juicio, "no se dan los elementos exigibles" para un delito continuado de prevaricación y las que se tratan en esta causa son unas circunstancias que se podrían haber "solventado" por la vía contencioso-administrativa pero no por la penal como está ocurriendo.
Además de los acusados, ha declarado como testigo en el juicio el interventor municipal Eduardo Arnaíz, quien ha explicado que, aunque "no se debe", hay vías para que el Ayuntamiento pueda realizar contrataciones sin tener consignación presupuestaria, si bien sólo en casos de "extraordinaria y urgente necesidad".
Sin embargo, ha explicado que se debe llevar a cabo de una forma debidamente motivada y por escrito para que el órgano de contratación pueda valorarlo, algo que, según ha señalado, López Lejardi no hizo.
VISTO PARA SENTENCIA
El juicio, que ha durado aproximadamente dos horas y media, ha quedado visto para sentencia después de que ninguno de los dos acusados quisiera hacer uso del derecho a la última palabra.
A la entrada del juicio, Calva tampoco ha querido hacer ningún tipo de declaración y ha insistido en que no la hará "hasta que no termine todo el proceso".
LÓPEZ LEJARDI, CON LA CONCIENCIA "MUY TRANQUILA"
Sin embargo, López Lejardi si habló con los periodistas y aseguró tener la "conciencia muy tranquila" al no considerar que haya cometido ninguna falta o delito.
Aunque ha reconoció que le "preocupaba mucho" el juicio, confió en "poder convencer" al juez que se limitó a resolver un problema para que quince trabajadores no se quedaran sin trabajo.
"Me encontré con una emergencia y como tal la resolví", afirmó López Lejardi, quien insistió en que "no hizo daño a nadie".
PENAS
La Fiscalía pide para ellos nueve años de inhabilitación por dos delitos continuados de prevaricación, mientras que La Unión, que ejerce de acusación particular, pide para los acusados diez años de inhabilitación por el mismo delito.
Calva ocupó el cargo entre los años 2004 y 2007, mientras López Lejardi fue alcalde de Camargo entre los años 1999 y 2004.
