Niega, al igual que otra testigo, haber visto o recibir órdenes para destruir documentación
MADRID, 12 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un testigo que trabajó como auxiliar administrativo en el fallido Campus de la Justicia impulsado por la Comunidad de Madrid durante el mandato de Esperanza Aguirre ha asegurado este martes que en la segunda etapa, cuando ya no era vicepresidente segundo, consejero de Justicia e Interior ni responsable del proyecto Alfredo Prada, se contrató "a gente afín, sobre todo hijos de políticos".
Durante el juicio que se celebra en la Audiencia Nacional, el testigo ha relatado que esa fue la decisión de Miguel Giménez de Córdoba, que a lo largo de 2008 pasó a ser el nuevo consejero delegado del Campus nombrado por Francisco Granados, sucesor de Prada en el Gobierno regional y como presidente de la empresa pública, que se creó en 2005 para construir un complejo de 14 edificios interconectados con túneles en el que se concentrarían las sedes judiciales de la Comunidad de Madrid y que finalmente no se terminó y quedó abandonado, habiéndose gastado 355 millones de euros.
La Fiscalía solicita 8 años de cárcel para Prada por delitos continuados de prevaricación y malversación, y 6 años para otros cinco acusados que formaron parte del equipo directivo del Campus en la primera etapa del proyecto. Los seis están acusados de presuntas irregularidades en la adjudicación de contratos.
Con todo, las palabras de este testigo afectarían a la segunda etapa del Campus de la Justicia, que todavía está en fase de investigación, cuando Granados --que relevó a Prada como consejero de Justicia e Interior en junio de 2008-- presidía la empresa pública.
El testigo, al que contrataron como auxiliar para compaginar labores de chófer y de administrativo, ha relatado que los nuevos gestores "venían a deshacer todo lo que estuviera hecho". "Anteriormente era gente que se les veía profesionales y sabían de lo que trataban ellos, los antiguos gestores, vamos", ha añadido.
"Estaba claro que iban a por ellos y querían, y se vio después claramente, meter a gente afín a ellos, sobre todo hijos de políticos (...), pueden ver perfectamente cómo las últimas contrataciones son de gente perteneciente a ellos", ha señalado en su declaración.
Por otra parte, tanto este testigo como otra, que fue directora adjunta del consejero delegado de la segunda etapa, han negado haber visto o haber recibido órdenes para destruir documentación.
DIRECTIVOS AL BANQUILLO
Aparte de Prada, están acuados Isabelino Baños Fernández (director general técnico), Mariano José Sanz Piñar (subdirector general técnico), Alicio de las Heras Rodríguez (director financiero), Félix José García de Castro (letrado asesor externo) y Andrés Gómez Gordo (director del área de Seguridad).
La causa se abrió en agosto de 2018 cuando el juez instructor admitió una denuncia de la Fiscalía Anticorrupción que se basó en un informe de fiscalización de la Cámara de Cuentas de Madrid de marzo de 2018 sobre el Campus que arrojaba diversas irregularidades.
Según el primer juez instructor, Prada y los demás acusados se pusieron de acuerdo con distintas personas y mercantiles para adjudicarles de manera irregular distintos contratos del Campus: "Corrompieron sustancialmente el procedimiento de adjudicación".
