PAMPLONA, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -
La familia de Ángel Berrueta, comerciante pamplonés muerto en 2004 por disparos de un policía nacional, criticaron hoy la "doble vara de medir" con la que, a su juicio, se ha regido la justicia para resolver, por un lado, el crimen de este comerciante, y por otro, las causas vinculadas con la organización terrorista ETA o la 'kale borroka'.
El abogado que dirigió la acusación particular de la familia Berrueta, Jokin Elarre, denunció hoy que el Tribunal Supremo "le ha dado la vuelta" a ley del jurado y se ha convertido "en un ladrón que ha hurtado la voluntad del jurado popular".
Elarre recordó que los miembros del jurado consideraron culpables de la muerte de Ángel Berrueta a un policía nacional, por efectuar los disparos que le causaron la muerte, al hijo de éste, por asestar una puñalada mortal de necesidad, y a la mujer del agente, María Pilar Rubio, por proponer el crimen.
Sin embargo, el Tribunal Superior de Justicia de Navarra decidió absolver a la mujer del policía y el Tribunal Supremo confirmó recientemente la sentencia por considerar que "no se desprende que María Pilar tuviera intención de matar a la víctima y que para ello determinara la voluntad de su marido e hijo".
El crimen tuvo lugar el 13 de marzo de 2004, dos días después de los atentados del 11-M, cuando María Pilar Rubio se dirigió al comercio que regentaba Ángel Berrueta para exigirle que colocara un cartel con el lema 'ETA No'. El comerciante, que era miembro de Gurasoak, asociación que agrupa a familiares de presos por 'kale borroka', se negó.
María Pilar Rubio, que residía junto al comercio de Berrueta, subió entonces a su casa y contó lo ocurrido a su marido, policía nacional, y a su hijo. Jokin Elarre recordó hoy que el jurado resolvió en su veredicto que la mujer "calentó la cabeza" a su marido e hijo y "alentó" el posterior crimen, por lo que consideraron que propuso el asesinato y fue condenada inicialmente a diez años de prisión, aunque finalmente ha resultado absuelta.
El abogado de la acusación particular considera que este hecho refleja una "doble vara de medir" de los tribunales y afirmó que demuestra que "no se puede confiar en la justicia española".
En este sentido, un portavoz de Gurasoak, Mikel Vázquez, denunció que mientras el Tribunal Supremo ha confirmado la absolución de María Pilar Rubio, "Eneko Olza, cuyos padres son miembros de Gurasoak, lleva siete años en la cárcel cumpliendo una condena de diez años por quemar un cajero, algo que ni siquiera se demostró".
Mikel Vázquez recordó, además, que el pasado día 31 de diciembre aparecieron unas pintadas amenazantes contra la familia Berrueta en el barrio pamplonés de San Juan, y se preguntó, "si las amenazas hubieran sido al revés, qué efecto mediático hubieran tenido, qué habrían dicho los dirigentes políticos y cómo habría actuado la Fiscalía".
Mari Carmen Mañas, viuda de Ángel Berrueta, tomó la palabra para leer un comunicado en el que pidió que "dejen en paz" a su familia y afirmó que "todo esto hubiese terminado hace tiempo si los estamentos políticos y mandos de los Cuerpos de Seguridad hubieran hablado alto y claro desde el asesinato de Ángel, denunciando el caso, y haciendo saber que no se acercase nadie a nosotros y a nuestros bienes".
La familia Berrueta ha presentado ya cinco denuncias por diversos hechos como llamadas telefónicas amenazantes, ruedas pinchadas en su vehículo particular y diferentes pintadas desde la muerte del comerciante. Cuatro de esas denuncias han sido archivadas y la última, presentada a raíz de las pintadas del 31 de diciembre, todavía sigue su cauce judicial.
