La Fape insta al Gobierno a revisar la legislación para evitar la obligación a los medios de emitir bloques electorales

MADRID, 12 May. (EUROPA PRESS) -

La Federación de Asociaciones de Periodistas de España (FAPE) ha instado al Gobierno a revisar la legislación que impone la emisión de bloques electorales en las emisoras de titularidad privada exclusivamente con criterios de representación política.

En un comunicado, esta asociación ha reiterado su rechazo a esta obligación, contemplada en la Ley Electoral "sin tener en cuenta el contenido y el interés de las informaciones para los ciudadanos, convirtiendo los soportes en meros instrumentos de propaganda".

"Este criterio es tremendamente injusto contra los periodistas, a quienes trata de sustituir por un cronómetro e interfiere en su capacidad de elegir aquello que considere con más peso informativo, sin entrar a valorar otras cuestiones importantes, como que nunca se podrá dar voz a todas las formaciones por el mero hecho de carecer de representación", ha aseverado.

A su entender, esta legislación es "inconstitucional" y por ello reclama al Gobierno y al Parlamento que garanticen "el pluralismo y la neutralidad informativa, también en los medios de titularidad pública, que cada vez reducen más el tiempo de los espacios dedicados a este tipo de informaciones".

"Este intento interesado de convertir la información libre en un altavoz de mensajes políticos, cronometrados y de dudoso interés para las audiencias constituye un grave atropello profesional", ha criticado, Para la Fape, esta propuesta "trata de anular a la profesión periodística y presentar a los medios de comunicación como meros soportes de publicidad política".

La FAPE comparte la petición de la Asociación de la Prensa de Madrid (APM) en su llamamiento a los candidatos para que ofrezcan ruedas de prensa diarias, abiertas y sin límite de preguntas.

PETICIÓN A LA DEFENSORA DEL PUEBLO

Entre otras negociaciones llevadas a cabo para la supresión de los bloques electorales, en 2011, la FAPE y la APM pidieron a la entonces Defensora del Pueblo, María Luisa Cava de Llano, que planteara su inconstitucionalidad.

En un dictamen, la Comisión de Arbitraje, Quejas y Deontología impulsada por la FAPE, un órgano independiente que funciona con plena autonomía competencial y de funciones, ya advirtió del posible perjuicio de la reforma legislativa del artículo 20 de la Constitución.

Además, responsables de informativos de 16 cadenas públicas y privadas, consultados por la APM, consideraron pertinente interponer recurso de inconstitucionalidad contra los bloques electorales.

La asociación ha recordado que esta situación se une a otras cuestiones que, a su entender, están limitando la libertad de prensa y el derecho a la información. Así, ha enumerado desde la convocatoria de ruedas de prensa sin preguntas a la distribución de imágenes y declaraciones enlatadas, las restricciones de acceso a los mítines de campaña y la obligación de conectar con la señal oficial de los partidos políticos.