MADRID, 3 Oct. (EUROPA PRESS) -
El fiscal de la Audiencia Nacional Enrique Molina elevó hoy a definitiva su petición de dos penas de 155 años de cárcel para Ibon Urrestarazu y Alaitz Iturrioz. Ambos están acusados de colaborar con ETA en un atentado perpetrado en Martutene (San Sebastián) en 2001 en el que fallecieron dos personas y otras cinco resultaron heridas.
Aquel ataque con coche bomba se produjo en la estación de tren de Martutene el 22 de febrero de 2001 e iba dirigido contra el concejal socialista de la localidad guipuzcoana de Ordizia Iñaki Dubreuil. No obstante, el dirigente del PSE tan solo resultó herido y en su lugar perdieron la vida José Ángel Santos Laranga y Jesús Leonet Azcune que en ese momento también bajaban del tren.
El fiscal imputa a Urrestarazu e Iturrioz, naturales de Ordizia, el delito de ejercer como "colaboradores necesarios" en este atentado al acoger a diversos integrantes del 'complejo Donosti' de ETA en su casa. El domicilio, entre los meses de noviembre de 2000 y marzo de 2001, sirvió de almacén de materiales para la fabricación de explosivos que en ocasiones compraban los mismos acusados.
Además Urrestarazu e Iturrioz --pareja sentimental en el momento de la detención-- habrían proporcionado a la banda información sobre distintas personas, entre ellas del concejal del Ayuntamiento de Ordizia, "siendo plenamente conscientes de que con ello se efectuaría un atentado contra la vida del cargo socialista", expuso el representante del Ministerio Público.
Por ello, Molina solicitó un total de 155 años de cárcel para cada uno de los dos acusados: 25 años por cada delito de asesinato consumado, 15 años por cada delito de asesinato en grado de tentativa y otros 15 años por un delito de estragos terroristas.
DECLARACIONES AUTOIMCULPATORIAS
El fiscal considera como prueba las declaraciones autoinculpatorios que realizaron tanto Urrestarazu como Iturrioz en dependencias policiales después de ser detenidos en 2004. En aquel momento admitieron su pertenencia a ETA así como su colaboración con la banda no solo en el atentado de Martutene, sino en otros ataques como el que acabó con la vida del presidente del PP de Aragón, el asesinato de Joseba Pagazaurtundúa o la muerte de dos ertzaintzas en Beasaín.
No obstante, los dos acusados niegan todos los hechos que se les imputan. Según declararon ante el tribunal se enteraron del atentado en Martutene "por la prensa" y, asimismo, aseguraron que sus declaraciones en comisaría se había hecho bajo "torturas y coacciones por parte de los policías".
Esta versión fue desmentida por los testimonios de los policías que ejecutaron aquellos interrogatorios que testificaron en el juicio para asegurar que las declaraciones fueron "voluntarias y sin ningún tipo de presión". En la misma línea declararon los abogados de oficio que presenciaron dichos interrogatorios. Según confirmaron, "los acusados gozaron siempre del respeto a sus derechos". De hecho a ambos se les llegó a ofrecer una revisión médica pero la rechazaron.
Pese a ello la defensa solicitó al juez la libre absolución para sus representados reivindicando que no ha quedado probada su relación con los hechos que se les imputan. También acusó a los policías de mentir durante su intervención en le juicio y reivindicó que las declaraciones de sus clientes en 2004 no deberían considerarse ya que se hicieron bajo coacciones.
TENSIÓN ENTRE EL JUEZ Y LA DEFENSA
El juicio celebrado en la Sección Tercera de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional albergó varios enfrentamientos entre el abogado de los acusados y el presidente del Tribunal, Alfonso Guevara, quien llegó a retirarle la palabra al letrado en uno de los interrogatorios por su "tono impertinente".
"Estoy permitiendo interrogatorios que no debería estar permitiendo", advirtió Guevara al abogado, José María Elosúa, que en ese momento preguntaba a uno de los abogados de oficio que presenció los interrogatorios practicados a sus clientes tras su detención.
El presidente del Tribunal ya había denegado varias preguntas del abogado por no considerarlas adecuadas y le acusó de usar "cuando menos una mala praxis", al tiempo que le recriminó que su tono "raya lo impertinente". "Parece que los testigos son los acusados", le reprochó.
Esto provocó la reacción del letrado, quien pidió que constase en acta su protesta. El juez la aceptó pero le instó a continuar con su interrogatorio. Fue entonces cuando Elosúa intentó explicar el por qué de su queja ante lo que el magistrado le retiró la palabra. "'¡Le retiro la palabra!, el interrogatorio ha terminado que pase el siguiente testigo, le he ofrecido seguir y no ha querido", explicó un airado Guevara ante los gestos de resignación del abogado.
Ya el día anterior, ambos se enzarzaron en otro enfrentamiento dialéctico después de que el letrado reprochara al magistrado el uso de "un tono beligerante que rozaba la falta de respeto" hacia su persona. La razón es que Guevara había tildado de "impertinentes" varias preguntas realizadas por el abogado a los policías que llevaron a cabo los interrogatorios de sus representados.
El encontronazo, en el que el juez llegó a proferir algún grito, se saldó con una amonestación al letrado que presentó otra protesta. "Yo también tengo un fuerte carácter", dijo Elosúa después de que Guevara le advirtiese: "no estará usted intentado provocar, porque si es así no lo voy a permitir".
