MADRID, 15 Nov. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado este jueves la extradición Adrián José Velásquez Figueroa, exjefe de seguridad del fallecido presidente de Venezuela Hugo Chávez, mientras su defensa ha alegado la falta de concreción de los delitos que se le imputan y ha advertido del riesgo que supone "entregar a una persona a un país en el que se violan los Derechos Humanos".
En la vista que se ha celebrado en la Audiencia Nacional, el fiscal, Carlos García Berro, considera que "una mera alegación genérica de la situación de un país no es óbice para decidir sobre la extradición" del exjefe de seguridad de Chávez, a quien se imputa en Venezuela delito fiscal y blanqueo.
Velásquez Figueroa fue detenido el pasado abril junto con su esposa, Claudia Patricia Díaz, la que fuera enfermera de Chávez. La Audiencia Nacional ya acordó la extradición de Díaz, aunque su defensa lo ha recurrido ante el Pleno de la Sala de lo Penal, que aún debe dictar su resolución.
Al igual que en la vista sobre la entrega de la exenfermera del presidente fallecido, el abogado de Velásquez Figueroa, Ismael Oliver, ha argumentado que la orden internacional de detención dictada desde Venezuela no especifica el origen del enriquecimiento ilícito de la pareja ni en qué se fundamenta la acusación del país sudamericano. "El hecho de enriquecerse no es delictivo en sí mismo", ha apuntado.
La orden de detención se emitió después de que el matrimonio apareciera en los conocidos como 'papeles de Panamá' por ser dueño de varias sociedades radicadas en el país centroamericano y las autoridades venezolanas le acusan de utilizar los cargos que ocupó en el Gobierno de Chávez para "la obtención de beneficios económicos particulares, incrementando su capital de manera desproporcionada a sus ingresos ordinarios, lo que le permitió adquirir bienes muebles e inmuebles dentro y fuera del país".
Sin embargo, Oliver ha calificado esta argumentación de "incongruencia", ya que ha remarcado que dichas sociedades fueron constituidas con posterioridad al cese de sus cargos en el Gobierno. Además, ha afirmado que en la documentación enviada por las autoridades venezolanas no se recogen "hechos claros y concluyentes" que sustenten la imputación, sino que "se mencionan sin más". "El relato que se contempla no nos permite llegar a saber qué delitos ha cometido", ha explicado.
ALEJADO DE LAS ARCAS PÚBLICAS
Por otro lado, ha subrayado que los puestos que ostentó Velásquez en Venezuela al frente de la seguridad de Chávez "estaba totalmente alejado de bienes o arcas públicos", de manera que, ha insistido, no pudo manejar dinero público y enriquecerse con ello.
Aparte de estos argumentos, el abogado ha empleado la mayor parte de su tiempo a advertir al tribunal de los riesgos a los que, en su opinión, se enfrenta su cliente si es extraditado a Venezuela, un país "sancionado por violar los Derechos Humanos". "Nos persigue el Derecho constitucional en todos los ámbitos, también en el internacional", ha dicho a los magistrados.
Según Oliver, en Venezuela hay "muertes, desapariciones, incluso los opositores están volando por las ventanas", en referencia a la muerte del opositor Fernando Albán, quien a los pocos días de ser arrestado cayó desde un décimo piso de la sede del Servicio Bolivariano de Inteligencia. Este organismo se limitó a asegurar que había sido un suicidio después de que tanto la ONU como la UE y la OEA exigieran explicaciones.
Por todo ello, el letrado del exjefe de seguridad de Chávez ha solicitado que la Audiencia Nacional no acceda a la extradición. La Sala de lo Penal emitirá su resolución en las próximas semanas.
