Santa Cruz de Tenerife, 16 Feb. (EP/IP) -
El Tribunal de Cuentas del Estado, presidido por Ubaldo Nieto, elegido con el apoyo de los consejeros del PP, informó hoy que el informe de fiscalización del caso Amorós, enviado por la Audiencia de Cuentas de Canarias a finales de noviembre de 2004, ha sido remitido a la Fiscalía General del Estado, integrado en el organigrama del Ministerio de Justicia de Juan Fernando López Aguilar. Sin embargo en la Fiscalía respondieron que no constaba ningún traslado.
El presidente de la Audiencia de Cuentas de Canarias, Rafael Medina, anunció su intención de ponerse en contacto con el Tribunal de Cuentas para interesarse sobre la tramitación del informe de fiscalización de la actividad financiera y de la Tesorería de la Comunidad Autónoma en 2002. Las irregularidades detectadas en el mismo han provocado que, el próximo lunes, el pleno extraordinario del Parlamento regional vote la iniciativa del PP para la creación de la comisión de investigación del caso Amorós.
El pleno de la Audiencia de Cuentas de Canarias, el 30 de noviembre de 2004, aprobó el informe de fiscalización del caso Amorós, acordando elevarlo a la consideración del Parlamento regional. También se decidió su remisión al Tribunal de Cuentas, a la Intervención General de la Comunidad Autónoma y al titular de la dirección general del Tesoro en el periodo fiscalizado, Alberto Amorós; según consta en el informe de fiscalización.
El consejero ponente del mencionado informe fue el propuesto por el PP, Juan Marrero. En junio de 2004, el ponente, al terminar el informe preliminar, expresaba sus dudas sobre la posibilidad de remitirlo a la Fiscalía Anticorrupción. En diciembre del mismo año, aprobado definitivamente el informe por el pleno de la Audiencia con la ratificación de la existencia de irregularidades, el líder del PSC en ese momento, Juan Carlos Alemán, observaba la existencia de similitudes con otro caso que afectó al PSOE como fue el escándalo de Filesa. Alemán apelaba a la existencia de cuentas ociosas y contratos públicos carentes de sentido en el informe Amorós.
En marzo de 2005, el entonces presidente de la Audiencia de Cuentas, Marcelino Rodríguez, presentó el mencionado informe a la comisión de Presupuestos y Hacienda del Parlamento canario. El presidente descartaba que las irregularidades detectadas pudieran ser constitutivas de delito aunque contemplaba la posibilidad de la existencia de responsabilidades contables. Las explicaciones dadas por Marcelino Rodríguez para el portavoz del PSC en la materia, Blas Trujillo, eran unos "eufemismos de campeonato".
Durante los 10 meses siguientes, este informe durmió el 'sueño de los justos' en el Parlamento canario. Su tramitación ha estado paralizada hasta finales del pasado mes de enero, momento en el que los grupos parlamentarios comienzan a debatir el informe. El PP anuncia la posibilidad de presentar una propuesta para que se cree una comisión de investigación y el PSC considera que, con las conclusiones de la Audiencia, ya se pueden pedir responsabilidades políticas en las propuestas de resolución.
En el cambio de actitud de los populares incide su expulsión del Gobierno de Canarias y en el de los socialistas su acuerdo de colaboración parlamentaria con el Ejecutivo en minoría del nacionalista Adán Martín.
El pasado martes, la Audiencia de Cuentas celebró una sesión plenaria ordinaria. El consejero propuesto por el PSC, Inocencio Hernández, pregunta a Rafael Medina Jáber, según explicó hoy jueves el presidente, los motivos por lo que no se tiene información del Tribunal de Cuentas sobre el informe Amorós.
En el debate de los consejeros, Medina Jáber plantea al pleno la conveniencia de contactar con el Tribunal de Cuentas para interesarse por el caso Amorós y el resto de los informes remitidos, de los que se carece de respuesta, según el presidente. El responsable de la Audiencia plantea además la probabilidad de proponer al Tribunal de Cuentas, el establecimiento de un procedimiento con el fin de que, cada seis o nueves meses, la Audiencia tenga conocimiento sobre el estado de tramitación de las fiscalizaciones en el Tribunal del Estado.
Desde este organismo estatal, hoy se informó que el informe Amorós había sido remitido a la Fiscalía General del Estado. Sin embargo, en esta institución se respondió que no estaba en este organismo, integrado en el organigrama del Ministerio de Justicia. Ésta ha sido la respuesta obtenida transcurridos 14 meses desde que la Audiencia de Cuentas de Canarias remitiera el informe al Tribunal de Cuentas.
