Fiscalía se muestra a favor de archivar la investigación contra la mujer de Villarejo en la 'guerra de los comisarios'

El inspector Rubén López, que presentó la querella que dio vida a la causa, reprocha que además se oponga a citar a 19 testigos

La mujer del comisario jubilado José Manuel Villarejo, Gema Alcalá.
La mujer del comisario jubilado José Manuel Villarejo, Gema Alcalá. - Jesús Hellín - Europa Press
Europa Press Nacional
Publicado: miércoles, 23 marzo 2022 17:37

MADRID, 23 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía Provincial de Madrid se ha mostrado a favor de que el Juzgado de Instrucción Número 49 de Madrid archive la investigación por delitos de calumnias e injurias contra Gema Alcalá --pareja del comisario jubilado José Manuel Villarejo-- en una de las causas derivadas de la conocida como la 'guerra de los comisarios'. Según ha indicado, "no existen hechos concretos, ni delitos ni indicios de prueba fehacientes más allá de la versión del querellante frente a cada uno de los querellados".

En un escrito, al que ha tenido acceso Europa Press, el Ministerio Público ha asegurado que está "conforme" con el sobreseimiento provisional de las actuaciones respecto de Alcalá y de un periodista de Infolibre que también figura como investigado en el procedimiento que se abrió a raíz de una querella presentada por el inspector Rubén Eladio López.

Los hechos denunciados se remontan a octubre de 2014, cuando la Unidad de Asuntos Internos --dirigida entonces por Marcelino Martín Blas-- empezó a investigar a 'El Pequeño Nicolás' para determinar si había contado con la colaboración de efectivos policiales. La 'Operación Nicolay' se encomendó al Grupo IX, encabezado entonces por López.

Según la querella, Villarejo se habría servido de una serie de miembros de la cúpula policial para intentar sabotear las investigaciones de López, un "boicot que con el tiempo se revelará como una acción conjunta realizada por quienes se constituyeron en organización o grupo criminal destinado a presionar, coaccionar y, en definitiva, acosar y represaliar al inspector".

López ubica a Alcalá como una de las "personas directamente relacionadas" con Villarejo que habrían participado en la difusión de una grabación --"realizada por orden" del mismo comisario-- que llegó a manos de 'El Pequeño Nicolás' "mucho antes de ser finalmente judicializada", lo que daría curso a "un plan perfectamente diseñado, organizado y coordinado" para "lograr el descrédito de los investigadores".

Alcalá declaró el pasado 21 de diciembre a raíz de estas acusaciones. Según las fuentes jurídicas consultadas entonces, se acogió a su derecho a no responder a las preguntas de las acusaciones y de la juez. Se limitó a contestar a su defensa en un interrogatorio que no superó los 10 minutos y negó haber calumniado o injuriado a López.

NO HAY "RESPONSABILIDAD"

La Fiscalía ha concluido que de la querella "no se deduce la existencia de una responsabilidad individualizada" ni de Alcalá ni del periodista de Infolibre. En el caso concreto de la mujer de Villarejo, ha considerado que "no se concretan qué hechos y qué responsabilidad pudo tener en los mismos", por lo que "procede el sobreseimiento".

Sobre la acusación relativa al periodista, la fiscal ha explicado que "ya existe un precedente por los mismos hechos e intervinientes" en otro juzgado madrileño en el que se acordó el archivo ante el delito de injurias y calumnias.

El Ministerio Público ha indicado que, aunque la defensa de López insiste en que en el otro juzgado madrileño se estudiaron otros artículos diferentes a los aportados en esta querella enmarcada en la 'guerra de los comisarios', considera pertinente hacer suyos los argumentos de dicho juzgado para acordar el archivo. Así, ha reiterado que "no existen indicios racionales de comisión de los delitos objeto de la querella por cumplir los requisitos de veracidad".

"CASO OMISO" A LA AUDIENCIA PROVINCIAL

Así las cosas, la defensa del inspector ha asegurado que se está haciendo "caso omiso" a lo que estableció la Audiencia Provincial de Madrid, que ordenó reactivar la causa.

"En esta investigación no se comprueba ni se resuelve nada, no se definen los hechos y se reprocha a la querellante que no lo hace, cuando están ampliamente definidos en la querella", ha indicado el letrado en un escrito, al que también ha tenido acceso Europa Press, dirigido al Juzgado en respuesta al Ministerio Público.

A su juicio, "es especialmente inatendible" que por parte de la Fiscalía se afirme que son "los mismos hechos" y que se trata de "intentar que se instruyan de nuevo". Ha insistido en que lo que se investigó en el otro juzgado fue un delito de descubrimiento y revelación de secretos en relación a una grabación y lo que se propone ahora es que se establezca si su publicación en los medios vulneró el derecho de honor e imagen del inspector.

Según la defensa, la difusión de la noticia "proporciona la idea" de que se "estaban falsificando pruebas para imputar al investigado en la operación Nicolay", situación que considera es "manejada como desprestigio y desautorización" de la investigación y del propio López.

19 TESTIGOS

En el marco de su escrito, la fiscal Cristina Jiménez Casso se ha opuesto a la petición de López de citar a declarar a 19 testigos. Ha insistido en que el Juzgado ya denegó en enero la práctica de estas diligencias al entender que era "innecesario" que se llevaran a cabo.

La defensa del inspector también ha reprochado al Ministerio Público esta oposición. "Cuando se proponen 19 testigos, y cada unos de ellos puede ilustrar aspectos distintos de los hechos imputados, y todos son rechazados sin una mínima argumentación (...), algo nos dice que lo que existe es un posicionamiento previo sobre la no continuidad del proceso", ha señalado.

El letrado de López ha asegurado que, según "parece", la fiscal "intenta zanjar" el procedimiento "con la sola declaración de los investigados sin contraste de ningún tipo". Además, ha insistido en que cuando los hechos denunciados son cuestiones de hecho presenciadas por los testigos que se proponen "deben ser examinadas" como exige la directiva europea de protección al denunciante.

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