La Fiscalía pide 18 años de cárcel para dos jóvenes acusados de provocar siete incendios por venganza

BARCELONA, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía solicita 18 años de prisión para dos jóvenes acusados de provocar siete incendios en julio de 1998 en las comarcas barcelonesas del Bages y el Berguedà, que arrasaron 26.500 hectáreas forestales y de cultivo, para presuntamente vengarse de su jefe, que les había despedido de la serrería donde trabajaban, y del propietario de un restaurante que les había denunciado por causar daños en su local.

La selección del tribunal popular que deberá juzgar a José María F.B. y a José María P.O., ambos vecinos de Puig-reig (Barcelona), se realizará mañana, pero el juicio no dará comienzo hasta el martes. En el banquillo de los acusados se sentarán también el jefe de zona y de mantenimiento de Endesa, Agustín Manuel L.R. y Francesc Josep A.L., a instancia de las acusaciones particulares, que solicitan dos años de cárcel para ellos y para los dos presuntos pirómanos.

El juicio, que se alargará durante un mes y medio, será uno de los más largos y complejos celebrados con tribunal popular en la Audiencia de Barcelona. Ello se debe, en parte, a que deberán comparecer los más de 100 afectados que sufrieron daños en sus propiedades privadas, además del presidente y dos miembros de la Asociación de Defensa Forestal (ADF) Bages-Anoia, quienes resultaron heridos en la extinción de uno de los incendios.

A lo largo del juicio, los nueve miembros del jurado deberán determinar si el mayor de los siete incendios --que se inició el 18 de julio de 1998 y afectó a una veintena de poblaciones del centro de Catalunya-- se debió a la acción de los dos presuntos pirómanos o al mal estado por falta de mantenimiento del tendido eléctrico que pasa por encima del punto de ignición, que pudo provocar el desprendimiento de partículas incandescentes que habrían incendiado la vegetación reseca de la zona.

DAÑOS VALORADOS EN 108 MILLONES.

En este último caso, los responsables serían los dos jefes de Endesa --Fecsa en el momento de los hechos--, que serán juzgados por un delito de incendio forestal por imprudencia grave a instancia de las acusaciones particulares, ya que la Fiscalía de Medio Ambiente no presenta cargos contra ellos.

La acusación, por otra parte, considera que la compañía eléctrica debe hacerse cargo como responsable civil subsidiaria de las indemnizaciones reclamadas por los perjudicados.

Según el escrito de acusación de la Fiscalía, los daños ascienden a un total de 108 millones de euros, de los cuales 54 millones corresponden a perjuicios ocasionados al medio ambiente, 185.172 euros a gastos de extinción y el resto, otros 54 millones, a los daños provocados en las distintas fincas y propiedades privadas.

Para los tres heridos, la acusación pública reclama un total de 198.935 euros de indemnización, distribuidos en función de las lesiones y de la gravedad de las secuelas.

CAPACIDADES AFECTADAS.

Por lo que respecta a los dos presuntos pirómanos, José María F.B. y a José María P.O., la Fiscalía solicita 18 años de prisión para ellos y multa de 18.000 euros por un delito continuado de incendio forestal.

Según el auto de hechos justiciables de la Audiencia de Barcelona, el jurado deberá valorar el retraso mental que sufre José María P.O. y el trastorno paranoide y de la personalidad que padece José María F.B., lo cual podría afectar sus capacidades, tal y como mantienen sus respectivas defensas.

La Fiscalía, por su parte, mantiene provisionalmente que los acusados provocaron los incendios para vengarse de su jefe, que les había despedido de su trabajo en una serrería de Puig-reig, y del propietario de un restaurante de Castellar de n'Hug que les había denunciado por unos daños que supuestamente habían causado en el local.

Con dicho propósito, entre el 18 y el 24 de julio, José María F.B. y José María P.O. utilizaron dos mecheros para presuntamente prender fuego a varias zonas forestales de las comarcas del Bages y el Berguedà, provocando un total de siete incendios.

La Guardia Civil detuvo a los procesados el 30 de julio y ambos permanecieron cinco meses en prisión preventiva, hasta que en enero de 1999 la juez instructora les dejó en libertad provisional.