Publicado 13/04/2016 12:44CET

Fiscalía pide que el CGPJ vuelva a valorar la conducta disciplinaria de la exjuez Rosell

MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -

La Fiscalía del Tribunal Supremo ha solicitado a la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo que remita al promotor de la Acción Disciplinaria del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) los nuevos datos aportados por el ministro de Industria, Energía y Turismo en funciones, José Manuel Soria, como ampliación de su querella contra la juez en excedencia Victoria Rosell, actual diputada de Podemos, por si son merecedores de sanción.

Estos nuevos datos consisten en informaciones periodísticas aportadas por la defensa de Soria, que ejerce el exfiscal general del Estado, Eligio Hernández, y que atribuyen a Rosell la comisión de cohecho y retardo malicioso por presuntamente favorecer al empresario Miguel Ángel Ramírez, presidente de la Unión Deportiva Las Palmas, con el que la pareja de la magistrada, el periodista Carlos Sosa, negociaba la compra de una emisora de radio por cerca de 300.000 euros.

La Fiscalía del alto tribunal, que ya se ha pronunciado en contra de abrir una causa penal contra Rosell, ha informado a Europa Press que no encuentra que la aportación de estas noticias sea base para una investigación criminal, pero considera que el órgano de gobierno de los jueces debería analizar si su actuación es merecedora de sanción disciplinaria.

En su informe inicial, del pasado 18 de marzo, el fiscal del Supremo solicitó la inadmisión de la querella presentada por Soria por los delitos de calumnias, injurias, prevaricación judicial, retardo malicioso en la administración de justicia y cohecho.

La Fiscalía considera que el ministro en funciones carece de legitimación para acusar por los dos últimos delitos, relacionados con la invsetigación a Ramírez.

En su informe, la Fiscalía decía además que Soria no ha acreditado lo suficiente en su querella la existencia de delitos e injurias y calumnias. El ministro se refería a unas declaraciones realizadas por la actual diputada de Podemos en la que le acusaba "manipular" e "instrumentalizar" a la Fiscalía, ante la que fue denunciada por los hechos referidos a Ramírez, con el fin de perjudicarle en la contienda electoral.

Las manifestaciones que se atribuyen a Rosell se realizaron en plena campaña electoral para las elecciones generales del pasado diciembre en las que tanto Soria como la juez en excedencia presentaron su candidatura al Congreso de los Diputados por la circunscripción de Las Palmas.

CONFRONTACIÓN ELECTORAL

La Fiscalía del Supremo mantiene su criterio de que en un contexto de confrontación electoral, las manifestaciones publicadas no pueden ser consideradas un atentado al honor o dignidad del querellante, ni tampoco un delito de calumnias pues no se imputa formalmente la comisión de ilícito penal alguno.

Este asunto llegó al Supremo tras inhibirse el juez de instrucción 27 de los juzgados de Plaza de Castilla, donde fue presentada la querella antes de que se constituyeran las Cortes de la XI Legislatura.

La querella, el titular de Industria solicita al juzgado que interrogue a Rosell en calidad de investigada y a la fiscal delegada de Delitos Económicos de Las Palmas de Gran Canaria Evangelina Ríos como testigo, por lesionar su dignidad pues "una campaña electoral no implica una patente de corso para la difamación".

Rosell ya fue investigada hace unos meses por el promotor de la acción disciplinaria a instancias de la Fiscalía por su actuación en el caso Ramírez, si bien el CGPJ no encontró base para sancionarla. La juez recurrió en alzada, por lo que el expediente se mantiene abierto y se podría atender al nuevo requerimiento del Ministerio Público.

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