PALMA DE MALLORCA 28 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía rebajó hoy su petición de pena para Francisca Cortés 'La Paca' hasta los 28,5 años de prisión, seis años y medio menos, mientras que para su hermano Isidro 'El Moreno' reclama 25 años (cuatro menos), al tiempo que ha solicitado la absolución de los también acusados Pedro Cortés y Francisco Fernández 'El Chirri', después de que el Ministerio Público haya modificado sus conclusiones en el juicio que se celebra por el caso Son Banya.
Así lo expuso en la sesión de hoy el fiscal Adrián Salazar, quien en el caso de la matriarca explicó que se ha reducido la petición en relación con el delito de cohecho "porque ha contribuido con la justicia". En el caso de Pedro Cortés, señaló que se retira la acusación ejercida sobre él, al igual que para 'El Chirri', aunque con la adopción de una medida de seguridad no privativa de libertad.
Por su parte, para el ex inspector de Atracos de la Policía Nacional, José Gómez 'Pepote', y su compañera sentimental, la abogada María de los Ángeles López Calderón, se mantiene la misma petición de pena, con 11 años y medio, y 12 años respectivamente de prisión.
El resto de acusados son Alejandro Cortés (se le piden ahora 7,5 años de cárcel), Carlos Óscar Cortés 'El Charli' (5), Francisco Fernández Cortés 'El Chirri' (libre absolución), Francisco Pulet 'El Tarta' (9,5), Francisco Tomás Fernández 'El Ico' (7,5), Josefa Moreno (7,5), José Cortés 'Joselete El Sordo' (7,5), José Fernández Cortés (7,5), José Pedro Fernández 'El Evangelio' (9,5) y Juan Diego Fernández (7,5).
También Juan Cortés 'El Loco' (17,5), Manuel Santiago Ruíz (7,5), Manuela Cortés (9,5), Manuela Fernández 'La Guapi' (7,5), Pedro Cortés (libre absolución), Rosario Vargas (7,5), Tamara Cortés (9,5), Vicente Cortés (7,5), Bruno Gálvez (7 años, igual que antes), Manuel Escamilla (7), Vicente Ruíz (7), José Luis Gil (7), José Gómez (11 y medio), María de los Ángeles López Calderón (12) y Roberto Valinotti (5,5).
Será mañana cuando las partes presenten sus informes sobre las conclusiones del Ministerio Público, con la reanudación de la vista oral a partir de las 10.00 horas.
Mientras tanto, en la sesión de hoy, antes de que el fiscal presentase sus conclusiones, la psicóloga clínica Francisca Rullán y el especialista en criminología Pedro Delgado comparecieron como peritos en el juicio, y señalaron que a raíz de las entrevistas y pruebas que le practicaron a Ignacio Durand, supuestamente agredido por el clan de 'La Paca' tras un robo en el poblado, se comprobó que el paraguayo presentaba "graves" secuelas que por su magnitud habían sido provocadas por unos "hechos" que marcaron "un antes y un después en su vida".
CUADRO DE ESTRÉS POSTRAUMÁTICO
A preguntas de los abogados, ambos explicaron que Durand presentaba un cuadro de estrés postraumático como consecuencia de unas agresiones y, según manifestó Delgado, el presunto torturado les explicó que había viajado a Paraguay "sin especificar los motivos", aunque sí les señaló que "eran huidas por temor a una nueva agresión". A este respecto, les explicó que su abogada, la también acusada María de los Ángeles López Calderón, les había recomendado huir para evitar "nuevas agresiones", relató Delgado.
De acuerdo a las pruebas que se le practicaron, Durand sufría numerosas secuelas, entre ellas problemas a la hora de conciliar el sueño y dolores de cabeza intensos, al tiempo que "dejó de ser sociable, perdió su autoestima, se empobrecieron sus relaciones" y padecía dificultades de memoria y concentración.
"Un trauma en este caso es mucho mayor por la magnitud de las consecuencias", prosiguió el psicólogo, quien aseveró que tras una supuesta agresión el tratamiento "es muchísimo más largo, de cinco o seis años, acompañado de recaídas". Durante las entrevistas que le realizaron, apuntó por su parte Rullán, "le teníamos que repetir varias veces las preguntas, cambiaba de tema para llevarnos siempre a sus preocupaciones, y además le costaba mucho concentrarse".
También declaró un forense, López Bermejo, quien fue interrogado durante el juicio acerca de la discapacidad de Francisco Fernández 'El Chirri', para quien la Fiscalía ha pedido la libre absolución y acerca del cual señaló en base a informes médicos que "precisa la atención de sus necesidades básicas por su demencia senil, su desorientación y deterioro completo de sus funciones cerebrales o cognitivas". También manifestó que, de acuerdo a su estado de salud, es "clínicamente imposible" que en el momento de las presuntas agresiones a Durand dijese que "si no devolvía el dinero, lo matarían".
Por último, el testigo Avelino Osorio Morales, tras manifestar que ha trabajado con algunos de los acusados, a preguntas de Eduardo Valdivia afirmó que llevó a cabo la reforma de unas viviendas que había adquirido Calderón en septiembre de 2006. Asimismo, señaló que le llamó el jefe del Grupo de Estupefacientes de la Policía Nacional, Antonio Suárez, para preguntarle su relación con la abogada, fue a la comisaría y le preguntaron si habría cobrado por las reformas, a lo que contestó que no.