MADRID 18 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Fiscalía General del Estado de España y la de la Corte Suprema de Marruecos apostaron hoy por incrementar la cooperación institucional entre ambos países para hacer frente de forma común al terrorismo internacional, el tráfico ilegal de inmigrantes, la violencia contra las mujeres, el blanqueo de capitales o la corrupción política, entre otras actividades delictivas.
Los mecanismos de colaboración entre ambos países centraron el I Encuentro Hispano-Marroquí de Fiscalías, que fue inaugurado hoy en el Centro de Estudios Jurídicos (CEJ) de Madrid con un acto en el que participaron el secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández; el fiscal general del Estado, Cándido Conde-Pumpido; el fiscal general de la Corte Suprema de Marruecos, Tayeb Cherqaoui; y el embajador de Marruecos en España, Omar Azziman.
Conde-Pumpido señaló que el terrorismo internacional constituye "una de las principales preocupaciones" de su departamento y añadió que más allá del juicio sobre los atentados del 11-M, que tienen "una importancia universal", es necesario "no bajar la guardia ante un terrorismo que supone la mayor amenaza de los países occidentales".
En este contexto, apostó por la necesidad de "adelantar las barreras de protección". "No podemos seguir esperando a que se produzca un atentado como el que se produjo el 11 de marzo para luego condenar a sus autores. Es importante condenar a sus autores, es muy importante hacer justicia, pero es mucho más importante evitar que otros atentados como ése se puedan producir en el futuro", indicó.
Su homólogo marroquí, Tayeb Cherqaoui, destacó la "eficaz" cooperación en materia antiterrorista que mantienen las Fiscalías española y marroquí y amplió esta colaboración al marco de la lucha contra la inmigración clandestina.
INMIGRACIÓN ILEGAL
La gestión de la inmigración ilegal también centró una parte de las ponencias del encuentro. El secretario de Estado de Justicia, Julio Pérez Hernández, defendió que los países europeos han de responsabilizarse de los principales problemas que existen en el norte de África, entre los que citó la gestión de la inmigración ilegal. Precisamente por este motivo asistieron al seminario los fiscales jefe de Andalucía y Canarias y los máximos representantes del Ministerio Público en las provincias de Tenerife, Las Palmas, Huelva y Sevilla.
Como ejemplo de la colaboración entre España y el Reino alauita el secretario de Estado de Justicia destacó el desarrollo del programa Adl, que prevé una inversión española de 3,3 millones de euros entre 2005 y 2008 para la modernización de la justicia marroquí. "Tenemos la percepción de que este programa funciona satisfactoriamente y puede ser un modelo a exportar en otros países", indicó.
Por su parte, el fiscal general del Estado destacó el carácter "multinacional" que, a su juicio, debe adquirir la lucha contra la criminalidad organizada y se mostró convencido de que medidas como la modificación de la Ley Orgánica del Poder Judicial pueden contribuir a "responder de una manera más eficaz a la inmigración ilegal fuera de las aguas jurisdiccionales españolas".