Garmendia, con 3,5 millones en bienes no inmuebles, ha reafirmado ante el PNV su respeto a la Ley de Incompatibilidades

MADRID 15 Oct. (EUROPA PRESS) -

La publicación de los bienes de los miembros del Gobierno ha permitido conocer que la ministra de Ciencia e Innovación, Cristina Garmendia, la de mayor patrimonio, cuenta con 3,54 millones de euros en bienes no inmuebles, algo que ya había motivado una serie de preguntas del PNV sobre sus participaciones en industrias tecnológicas, obligando a la ministra a recalcar que cumple la Ley de Conflictos de Intereses de Altos Cargos.

Según figura en el Boletín Oficial del Estado, la ministra de Ciencia e Innovación cuenta con un patrimonio de 4,97 millones de euros, con mucho el más elevado de todos los miembros del Gobierno. De esa cuantía, que incluye bienes y derechos provenientes de herencia familiar, un total de 3,54 millones corresponden a bienes no inmuebles, entre los que figuran sus participaciones industriales.

El perfil de la ministra, que llegó al Gobierno desde la CEOE y la dirección de empresas de investigación, hizo que el PNV iniciara en noviembre de 2008 una labor de control preguntando si cumple con el régimen de incompatibilidades, si se deshizo de acciones de empresas vinculadas con la investigación y a quién las transmitió.

PARTICIPACIONES POR DEBAJO DEL 10 POR CIENTO

En su última respuesta escrita, a la que tuvo acceso Europa Press, la ministra recalca al PNV que "cumple, ha cumplido y cumplirá" la Ley de Conflictos de Intereses de Altos Cargos "en toda su amplitud".

En este sentido, Garmendia recuerda que el artículo 6 de la citada ley establece que "los titulares de los cargos no podrán tener por si o junto con su cónyuge sea cual sea el régimen económico patrimonial o persona que conviva en análoga relación de afectividad, e hijos dependientes o personas tuteladas, participaciones directas o indirectas superiores a un 10 por ciento en empresas, en tanto que tengan conciertos o contratos de cualquier naturaleza con el sector público estatal, autonómico o local, o sean subcontratistas de dichas empresas o que reciban subvenciones provenientes de la Administración General del Estado.