MADRID, 13 Abr. (EUROPA PRESS) -
El presidente del Consejo General de la Abogacía Española (CGAE) criticó hoy la "utilización política de las instituciones" que se está haciendo en torno al procesamiento del juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón en el Tribunal Supremo y defendió que "no es justo" que la opinión sobre la Sala de lo Penal del alto tribunal cambie de un día para otro.
"No puede ser, no es justo, que tengamos un criterio de la Sala Segunda del Tribunal Supremo hoy, y mañana que lo tengamos al contrario, no han cambiado las cosas tanto", defendió Carnicer, durante un desayuno informativo organizado por el Foro Nueva Economía, al ser preguntado por las críticas al Supremo ante la posibilidad de que Garzón se siente en el banquillo de los acusados por investigar los crímenes del franquismo.
El presidente del CGAE admitió que está "claro" que las instituciones pueden equivocarse, por lo que son "criticables", pero pidió "un nexo de coherencia entre las críticas que de alguna manera determinan dónde está la salida, porque así no saldrá nunca".
'DOCTRINA GÓMEZ DE LIAÑO'
También fue preguntado por si considera que el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) debería suspender a Garzón y aplicarle así "la 'doctrina Gómez de Liaño'", en referencia al que fuera magistrado de la Audiencia Nacional y que fue apartado de sus funciones de manera cautelar cuando las diligencias por un delito de prevaricación se transformaron en procedimiento abreviado.
El presidente de los abogados se mostró contrario a hablar de 'doctrina Gómez de Liaño', porque "la doctrina no se hace para un señor, por muy juez que sea". "La doctrina se va incorporando poco a poco al derecho y ojalá sirva para mejorar el derecho no para perjudicar el derecho", defendió.
Carnicer defendió que el "asunto" del juez Baltasar Garzón "debe ser para todos los profesionales del derecho un asunto distinto, un asunto diferente a otro", aunque es evidente que "tendrá connotaciones perversas", precisamente por "la utilización política de las instituciones".
Por otra parte, y en relación a la defensa ejercida por Garzón en esta causa, defendió que el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional tiene derecho a la autodefensa y a ejercerla "sin límites, de la forma que crea conveniente".
NECESIDAD DE UNA LEY PARA ACLARAR ESCUCHAS A ABOGADOS
Durante su conferencia inicial, Carnicer se refirió a la decisión del Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM) de anular las intevenciones de las comunicaciones entre abogados y acusados de la trama 'Gürtel' ordenadas por el juez Garzón, para defender la necesidad de "una ley que solucione los conflictos" entre normas constitucionales y aclare estas situaciones.
En su opinión, esta ley, que debe ser orgánica, tiene que "delimitar en qué consiste en las garantías del derecho de defensa, sobre todo si no son del abogado" y establecer que cuando un abogado sea sospechoso de la comisión de un delito y "se habilite la posibilidad de realizar determinadas escuchas", se deba "informar a todos sus clientes de que debido a la imputación de su abogado puede llegar a perder el beneficio del secreto profesional".
Carnicer volvió a denunciar la intervención de las comunicaciones entre abogado-cliente, que calificó de "ablación de la justicia" e insistió en que suponen "una quiebra gravísima del Estado de Derecho". "No puede haber Estado de Derecho sin justicia, no puede haber justicia sin defensa y no puede haber defensa ofertando toda la estrategia de defensa a las acusaciones", remachó.
En cualquier caso, precisó que la posición del CGAE, y su "reacción tajante", en este caso ha sido "frente al hecho, no frente al caso ni frente a un juez determinado". Garzón tiene abierta otra causa en el Tribunal Supremo por haber ordenado estas escuchas, algo que, según los querellantes, es constitutivo de un delito de prevaricación y otro de interceptación ilegal de comunicaciones.