Garzón.- JpD, preocupada "profundamente" porque "amplios sectores progresistas" muestren rechazo ante el TS

La asociación Jueces para la Democracia (JpD) está "profundamente" preocupada porque "amplios sectores progresistas de la sociedad civil nacional e internacional" hayan mostrado "perplejidad y rechazo" ante la actuación del Tribunal Supremo en las causas que tramita contra el juez de instrucción número 5 de la Audiencia Nacional, Baltasar Garzón.

En el editorial de su Boletín Informativo de mayo, al que ha tenido acceso Europa Press, el secretariado de JpD reconoce que el encausamiento de Garzón y las reacciones que ha suscitado han originado "un amplio debate y discusión en el seno de la asociación", al igual que ha sucedido en la opinión pública nacional e internacional.

Dicho esto, la asociación recuerda que siempre ha defendido "una judicatura comprometida con los derechos fundamentales y particularmente sensible a las demandas de las víctimas" y ha aplaudido "actuaciones judiciales audaces encaminadas a hacer efectiva la defensa de los derechos humanos en cualquier lugar del mundo".

En este compromiso, continúa afirmando, ha sido consciente de la existencia de "obstáculos legales y procesales" y alaba a esos jueces que "han sido pioneros en actuaciones judiciales que se apartaban de la convención jurídica guiados por un afán de justicia".

EL PAPEL DEL JUEZ, A REVISIÓN

JpD sostiene que el panorama jurídico y social cambia a "velocidad vertiginosa" y afirma que el papel del juez está "sometido a una continua revisión". En este contexto, defiende que el "juez constitucional" asume "una posición cada vez menos pasiva y más activa en la configuración del derecho partiendo de principios irrenunciables de justicia que siempre ha defendido la asociación".

Este modelo de "juez más implicado" se muestra "cada vez más crítico con el marco normativo de referencia", posición que "le lleva, al detectar sus déficits, a tratar de suplirlos con su labor interpretativa buscando la solución justa en cada caso y anclando su decisión no siempre en la letra de la norma, sino en los principios que emanan del ordenamiento jurídico nacional e internacional".

En cualquier caso, argumenta que la defensa de "un determinado modelo de juez" es una opción doctrinal o ideológica, pero siempre "legítima". De hecho, reconoce que el debate sobre "los límites del papel del juez en su función interpretativa e integradora del ordenamiento" puede llegar a ser una "confrontación agria y descarnada".

Sin embargo, lamenta que en el caso de Garzón "la reacción no se ha quedado ahí", sino que "ha ido más allá, al tildar de prevaricadora una determinada actuación instructora jurídicamente discutible".

Esta postura, concluye el editorial titulado 'El problema no es Garzón', implica "rechazar no ya la legalidad de la decisión judicial, sino incluso su propio derecho a existir, cercenando así la labor interpretativa del juez y poniendo en serio riesgo la capacidad transformadora del derecho".