Garzón prohíbe la celebración de las marchas previstas en el País Vasco contra la política penitenciaria del Gobierno

MADRID, 28 Dic. (EUROPA PRESS) -

El juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón ha ordenado la prohibición de las marchas previstas para esta tarde en todos los municipios vascos contra la política penitenciaria del Gobierno.

El magistrado aclara en su auto, hecho público hoy, que la "perentoriedad de la situación", provocada por el escaso margen de tiempo disponible hasta el inicio de las marchas, convocadas para las ocho de la tarde, obliga a "poner en conocimiento de la Consejería de Interior y de la Ertzaintza" que las manifestaciones auspiciadas "directa o indirectamente" por una organización terrorista "son ilícitas".

La Fiscalía de la Audiencia Nacional solicitó esta mañana informes "urgentísimos" a las Fuerzas de Seguridad del Estado para que le informaran sobre la convocatoria de estas concentraciones con objeto de comprobar si su desarrollo podría incurrir en actos delictivos.

Las manifestaciones, convocadas por representantes de Etxerat, se organizaron en protesta por el fallecimiento, el pasado sábado, de la suegra de un preso de ETA en accidente de tráfico cuando se dirigía a visitar al encarcelado que se encuentra en una prisión de Teruel.

Además de los actos previstos para esta tarde, el movimiento pro-amnistía ha llamado a celebrar el próximo día 31 a las doce de la mañana nuevas manifestaciones en todas las localidades del País Vasco.

El juez enumera en su auto a las organizaciones Segi, Ekin, Gestoras Pro-Amnistía, Askatasuna y Batasuna y ordena que se tomen "las medidas oportunas" en el caso de que las concentraciones "estén auspiciadas, instrumentalizadas, apoyadas o dirigidas por alguna de estas organizaciones o personas vinculadas con las mismas".

Menciona en concreto una de las marchas de las que tiene conocimiento, la organizada en la localidad de Algorta, Getxo (Vizcaya) y extiende la prohibición a cualquier otro municipio "del que se tenga constancia".

Garzón ordena, además, a la Ertzaintza que proceda a adoptar las medidas necesarias para prevenir incidentes y que persiga a aquellos que quebranten esta orden. Indica a la policía autonómica que requiera a los convocantes para que se abstengan de instar dichas movilizaciones.

APOYO DE LA ILEGALIZADA SEGI.

La asociación Dignidad y Justicia pidió ya ayer por la tarde al magistrado que solicitara informes a Policía y Guardia Civil sobre estos hechos al considerar que las concentraciones están avaladas por Segi, ilegalizada por sentencia del 19 de enero de 2007 del Tribunal Supremo, y que por ello su celebración constituiría una actuación ilícita y vulneraría la suspensión de actividades impuesta.

Según el escrito de Dignidad y Justicia estas convocatorias han recibido el apoyo de los sindicatos LAB, EHNE, STEE-EILAS y ELA así como de la citada organización juvenil y de la izquierda abertzale en su conjunto.

La asociación reproducía las declaraciones realizadas por la representante de Etxerat Mila Maiztegi en una rueda de prensa celebrada para anunciar la convocatoria. Así, indicaba que la portavoz de la asociación de familiares de presos culpó al PSOE y el PNV del fallecimiento e indicó que esta muerte "entraba en sus cálculos".