MADRID 18 Ene. (EUROPA PRESS) -
Los abogados José Luis Mazón y Arturo Panea, que se querellaron contra el juez de la Audiencia Nacional Baltasar Garzón por haber archivado una querella al Banco Santander tras dirigir unos cursos en Nueva York financiados por esta entidad, han solicitado al Tribunal Supremo que abra una causa por este asunto y la acumule a la que instruye contra el magistrado por su investigación sobre la Memoria Histórica.
En un escrito fechado el pasado 31 de diciembre, al que tuvo acceso Europa Press, los letrados reclaman a la Sala Segunda de lo Penal del Tribunal Supremo que admita a trámite la querella que han dirigido contra el juez por los presuntos delitos de cohecho, prevaricación y estafa y que, "si procede", acuerden "la acumulación de estas diligencias a las de la causa especial" contra Garzón por la investigación que abrió sobre los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo.
Mazón explicó a Europa Press que, de esta forma, las dos causas recaerían en el juez Luciano Varela, que instruye la causa sobre la Memoria Histórica, aunque admitió que este tipo de procedimientos es "poco habitual" porque las dos diligencias investigan "hechos diferentes".
El escrito de Mazón y Panea responde al que la defensa de Garzón presentó en diciembre pasado solicitando al Supremo que se le informara de la querella por sus cursos en Nueva York, al indicar que se encontraba en una situación de "indefensión" porque no tenía "conocimiento" de su existencia ni había "sido informado de su tramitación".
"EL JUEZ CON MÁS FILTRACIONES"
Tras indicar que "el método más rápido para satisfacer las peticiones" de Garzón es admitir a trámite la querella, los abogados señalan que "llama la atención" que se "rasgue las vestiduras" el magistrado "con mayor número de asuntos en su juzgado del cual se han derivado filtraciones".
En su querella, los letrados solicitan la suspensión de Garzón tras salir a la luz determinada documentación que evidenciaría, indiciariamente, que el magistrado contactó con el Banco Santander para la financiación de los cursos que dirigió en la Universidad de Nueva York, entre marzo de 2005 y junio de 2006, y que, a su regreso a España, archivó una denuncia contra esta entidad.
En la investigación sobre la Memoria Histórica, que ya está admitida a trámite, el sindicato Manos Limpias, la asociación Libertad e Identidad y el partido Falange Española y de las JONS acusan al magistrado de haber cometido un delito de prevaricación por querer declararse competente para investigar los crímenes cometidos durante la Guerra Civil y el Franquismo.