Rosa Díez envió una carta a la vicepresidenta poniendo en cuestión la disposición real del Gobierno para admitir propuestas
MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno ha aplazado a la próxima semana la interpelación sobre corrupción que Unión, Progreso y Democracia (UPyD) tenía previsto dirigirle este miércoles en el Pleno del Congreso, ya que ni la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría, ni el ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, podían atenderla por motivos de agenda, según informaron a Europa Press fuentes parlamentarias.
La formación magenta pretendía que el Ejecutivo le adelantara en la sesión plenaria de este miércoles sus 'recetas' para combatir la corrupción horas antes de que Sáenz de Santamaría se reuniese en sede parlamentaria con las distintas fuerzas políticas para tantear las posibilidades de acuerdo en torno a los últimos proyectos de ley aprobados por el Consejo de Ministros en esta materia.
Sin embargo, tanto la vicepresidenta como el titular de Justicia no podrán encargarse de responder a esa iniciativa, por lo que el Gobierno ha ofrecido al partido que lidera Rosa Díez retrasar su debate a la próxima semana, lo que finalmente UPyD ha aceptado.
MEDIDAS INSUFICIENTES E INEFICACES
Con su interpelación, UPyD quiere que el Ejecutivo explique cuáles son sus propósitos en relación con las reformas legales necesarias para combatir la corrupción política, las cuales, como viene defendiendo su portavoz, Rosa Díez, son "insuficientes" e "ineficaces".
Así se lo hizo saber al presidente, Mariano Rajoy, en la última sesión de control en el Pleno y así se lo planteará nuevamente la próxima semana en la interpelación que dirigirá al Gobierno. En el texto presentado, UPyD emplaza al Gobierno a adoptar medidas "contundentes" y "decisivas" para atajar una corrupción política que "pone en cuestión" el propio Estado de Derecho y "lastra" nuestra economía.
Entre otras medidas, UPyD sugiere que la Ley prohíba que las personas acusadas por delitos de corrupción política puedan ir en las listas electorales, tipificar el delito de financiación ilegal de los partidos políticos, acabar con el aforamiento y con la 'puerta giratoria', perseguir el delito de enriquecimiento ilícito de todos los cargos públicos y poner coto a la discrecionalidad de los indultos otorgados por el Gobierno, singularmente los relacionadas con la corrupción.
OTRAS POSIBLES SOLUCIONES
También propone reforzar el régimen de responsabilidad de aquellos gestores públicos que hayan causado daños patrimoniales a los bienes o al caudal público o exigir a los políticos que ocupen cargos en sociedades o entes públicos las mismas responsabilidades personales y patrimoniales a las que están sometidos los administradores y consejeros de las sociedades mercantiles.
A juicio de UPyD, ya ha pasado la hora de "las declaraciones de principios, de los acuerdos partidistas o de las reformas de mero maquillaje". Parecidas afirmaciones soliviaron el pasado miércoles al presidente, quien replicó asegurando que había "cumplido" con los compromisos que adquirió en relación con la lucha contra la corrupción en el Debate sobre el estado de la Nación del pasado año e invitando a la oposición a aprovechar su reunión con Sáenz de Santamaría para llevar sus iniciativas para hacer frente a este problema.
Un encuentro al que Rosa Díez acudirá pese a que hizo llegar hace unos días una carta a la vicepresidenta del Gobierno, en la que reconocía su "desconcierto" en torno al sistema de trabajo que promueve el Ejecutivo para consensuar con la oposición cambios "reales" y "efectivos" en el combate a la corrupción.
NO ENTIENDE LA FINALIDAD DE LA REUNIÓN CON EL GOBIERNO
Pero en la que también se quejaba de la falta de voluntad del Gobierno de incluir las propuestas que ya hizo llegar al secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, en la primera reunión que éste mantuvo con algunos grupos parlamentarios para discutir sobre esta materia, que se celebró meses antes de que el Consejo de Ministros aprobara sus últimos proyectos de ley sobre regeneración democrática, que ya se han remitido a las Cortes.
Por ello, Díez apuntaba en su misiva que no acababa de entender "el sentido y la finalidad" de esta nueva convocatoria de reunión conjunta a fin de "contrastar opiniones y propuestas". "Reuniones como la que se proponen sólo tienen sentido si hay una verdadera voluntad de acometer medidas reales, audaces y efectivas, para combatir la lacra de la corrupción política y , en última instancia, agravar la situación", concluye.
