MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes un acuerdo por el que se autorizan las declaraciones relativas a las autoridades de Gibraltar en relación con el Convenio Europeo de asistencia judicial en materia penal, el Convenio Europeo de extradición y su Protocolo Segundo y el Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal.
Se trata, según ha explicado el Gobierno, de salvaguardar las posiciones españolas en el contencioso de Gibraltar, de conformidad con el procedimiento previsto en el Régimen relativo a las autoridades de Gibraltar en el contexto de ciertos tratados internacionales, acordado por España y el Reino Unido el 19 de diciembre de 2007.
El Ejecutivo español ha detallado que el Brexit obliga al Reino Unido a revertir instrumentos jurídicos de cooperación internacional en materia jurídica y otras en el ámbito del Consejo de Europa --aunque este órgano no tiene relación con la UE--.
Muchas de las materias de las que se ocupan estas dos instancias estaban cubiertas de manera más eficaz y satisfactoria para los Estados Miembros y los particulares por el Derecho de la UE, pero Reino Unido ya no podrá aplicar este régimen jurídico. Dado que en Gibraltar se aplica el Derecho de la UE y Reino Unido no se había molestado en extender al Peñón la aplicación de estos instrumentos del Consejo de Europa, ahora se ve obligado a hacerlo para evitar que Gibraltar quede fuera de cualquier forma de cooperación jurídica internacional.
Se trata del Convenio Europeo de Asistencia Judicial en Materia Penal y el Convenio Europeo de Extradición. El 29 de julio, el Reino Unido envió sendas comunicaciones al Consejo de Europa indicando su propósito de extender la aplicación a Gibraltar de estos tratados internacionales.
En cuanto al Convenio para la protección de las personas con respecto al tratamiento automatizado de datos de carácter personal, el 1 de julio de 2019, el Reino Unido envió una comunicación dirigida al Consejo de Europa indicando su propósito de extender la aplicación a Gibraltar de este Convenio.
España no se opone a que estos tratados se apliquen a Gibraltar, pero considera que, en base al articulado de los mismos, la extensión de su aplicación a ese territorio solamente puede hacerse con el consentimiento expreso, no solo de España, sino de todos los Estados que actualmente son parte en dichos tratados.
Por ello, el pasado 24 de octubre España presentó ante el Consejo de Europa, sendas declaraciones de carácter procedimental señalando dicha circunstancia, que comenzaron a desplegar efectos desde el 25 de octubre.
