MADRID, 9 Feb. (EUROPA PRESS) -
El secretario de Estado de Relaciones con las Cortes, José Luis Ayllón, ha admitido este lunes que al Gobierno del PP le "preocupa más" el "chavismo" que ha aprendido durante su estancia en Venezuela el número tres de Podemos, Juan Carlos Monedero, que lo que éste haya podido asesorar a las autoridades venezolanas.
"Me preocupa más lo que el chavismo ha enseñado a Monedero y los líderes de su partido, que lo que haya asesorado a Venezuela", ha declarado Ayllón en un encuentro con los periodistas en el Palacio de la Moncloa, el mismo día que el diario ABC informa que Monedero sacó de Venezuela 35.000 euros (unos 250.000 bolívares) que había cobrado por asesorar al entonces presidente Hugo Chávez.
A renglón seguido, ha reconocido que el Ejecutivo está asistiendo con cierto "estupor" a las noticias que se están publicando sobre sus dirigentes, que, según ha recordado, llegaron a hablar de "cacería" contra Monedero cuando él mismo regularizó su situación fiscal presentando una declaración complementaria.
HACIENDA HACE SU TRABAJO
Ayllón ha señalado que la Agencia Tributaria se dedica a "hacer su trabajo" y abre inspecciones "a todo el mundo" que no tiene una situación "incorrecta". "El trabajo de la Agencia Tributaria es luchar contra aquellas personas que son insolidarias al afrontar sus obligaciones tributarias", ha enfatizado.
Al ser preguntado por las informaciones que están apareciendo sobre los cargos de Podemos y si el Gobierno sospecha de posible financiación irregular de esta formación por parte del Gobierno de Venezuela, el secretario de Estado ha explicado que la Ley de Financiación de Partidos prohíbe la financiación ilegal por parte de un Gobierno extranjero. Eso sí, ha admitido que si se publicara alguna información en ese sentido la única forma de actuar es a través de una denuncia o querella en los tribunales.
Dicho esto, ha subrayado que la nueva legislación que se está tramitando en el Congreso de los Diputados --dentro del paquete de regeneración democrática-- incluirá el delito de financiación ilegal de partidos políticos. Con esa misma normativa, el Tribunal de Cuentas podrá fiscalizar a todos los partidos, tengan o no representación parlamentaria.
