El escollo se salvaría haciendo que los cuatro magistrados que nombre el Senado tengan un mandato de seis años, y no de nueve
MADRID, 29 Sep. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno está estudiando hacer algún cambio legal para que el retraso acumulado --de tres años-- en la renovación del Tribunal Constitucional (TC) por parte del Senado no derive en una violación de la Carta Magna, que obliga a que los miembros del alto tribunal se renueven por tercios cada tres años, según varias fuentes del Ejecutivo consultadas por Europa Press.
El Gobierno y el PP lograron el martes un acuerdo para desbloquear la renovación de cuatro de los 12 magistrados del TC cuyo mandato estaba 'caducado' desde 2007. El retraso ha sido tal que en noviembre de este año expirará el mandato de otros tres elegidos por el Congreso (el cuarto de ese grupo, Roberto García-Calvo, falleció en mayo de 2008 y su puesto también está vacante).
De esta forma, si el Senado nombra ahora cuatro magistrados con un mandato ordinario, su renovación volverá a coincidir, dentro de nueve años, con la renovación de los cuatro que corresponden al Congreso. Eso, según fuentes del Ejecutivo, vulneraría el mandato de la Constitución.
Para que esta situación no se produzca, el Gobierno cree que lo más adecuado es acordar con los grupos parlamentarios alguna modificación legal para abrir la puerta a que los nombrados ahora por el Senado tengan un mandato más corto, de seis años y no de nueve.
No obstante, no está claro que la reforma legal pueda hacerse a tiempo de entrar en vigor antes de que se haga efectivo el nombramiento de los nuevos magistrados, cuyo proceso de nombramiento está a punto de concluir en la Cámara Alta una vez que PSOE y PP han llegado a un acuerdo sobre los candidatos.
PUESTOS CON FECHA DE CADUCIDAD
Además de evitar la coincidencia en la renovación de los jueves por ambas Cámaras, fuentes parlamentarias añaden que también se podría introducir una fórmula para que los magistrados deban abandonar el puesto transcurrido un tiempo desde que caduque su nombramiento, con el objetivo de obligar a los partidos políticos a ponerse de acuerdo en un plazo determinado para no dejar vacantes varios puestos del TC.
La modificación de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional requeriría mayoría absoluta del Congreso de los Diputados y en todo caso, aunque el Ejecutivo está analizando todas las fórmulas posibles, quiere que la reforma se haga con consenso de los grupos. Tanto en el Congreso como en el Senado están presentadas sendas iniciativas para reformar esa norma impulsadas por los grupos catalanes.
El asunto está en estudio en el Ministerio de Justicia pero aún no se ha elaborado una propuesta concreta. Así las cosas, algunas de las fuentes consultadas apuntan que es posible que estos magistrados ocupen su puesto con un mandato ordinario y que la reforma legal se plantee para el futuro.
La intención del Gobierno la avanzó la semana pasada la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega que, la semana pasada, en un desayuno informativo con la Asociación de Periodistas Parlamentarios, señaló que el Ejecutivo se planteaba "hacer algún ajuste en relación al cumplimiento del mandato constitucional de renovación por tercios".
La Constitución dice, en su artículo 159, que los miembros del Tribunal Constitucional "serán designados por un periodo de nueve años y se renovaran por terceras partes cada tres (años)". Un tercio de los nombramientos corresponde al Congreso, otro tercio al Senado y el tercero al Gobierno y al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), que nombran dos magistrados cada uno.
