En su escrito, la Mesa esgrime que los vetos no están suficientemente motivados y que las iniciativas no afectan al Presupuesto en vigor
MADRID, 26 Dic. (EUROPA PRESS) -
El Gobierno tiene un mes de plazo para plantear ante el Tribunal Constitucional un conflicto de atribuciones contra el Congreso una vez que ya ha recibido la comunicación formal de la Cámara en la que ésta se ratifica en su decisión de desoír, por considerarlos "arbitrarios", dos de los vetos presentados por el Ejecutivo para impedir la tramitación de otras tantas iniciativas legislativas.
Fue el pasado 18 de noviembre cuando el Consejo de Ministros acordó pedir a la Mesa del Congreso que revocase su decisión de dar vía libre al debate de dos proposiciones de ley del PSOE que, de hecho, ya han sido tomadas en consideración por el Pleno: una sobre la paralización del calendario para la implantación de la LOMCE y otra para equiparar las condiciones laborales de los trabajadores propios con los de empresas subcontratadas.
Pero el 13 de diciembre, la Mesa del Congreso --por unanimidad en el caso de la LOMCE y con el voto en contra del PP en el de las subcontratas-- se ratificó en su rechazo a los vetos. Es esa decisión la que ha comunicado ahora formalmente a Moncloa en sendos documentos firmados por la presidenta de la Cámara Baja, Ana Pastor, fechados el 20 de diciembre.
Con la recepción de estos textos en Moncloa comienza a correr el plazo de un mes que fija el artículo 73 de la Ley Orgánica del Tribunal Constitucional para la presentación de sendos conflictos de atribuciones. Es decir, el Gobierno tendrá que ir al TC antes del 21 de enero, según han confirmado a Europa Press fuentes oficiales.
MERMA DE INGRESOS O AUMENTO DE GASTO
En total, el Gobierno ha pedido paralizar la tramitación de 16 proposiciones de ley planteadas por la oposición o por parlamentos autonómicos y lo justifica en que, si salieran adelante, supondría un coste de más de 15.000 millones de euros, según reveló esta semana la vicepresidenta Soraya Sáenz de Santamaría. En el caso concreto de la LOMCE, el Ejecutivo alega que su paralización conllevaría dejar de ingresar casi 615 millones de euros provenientes de Fondos Europeos.
Moncloa se acoge a la legislación que establece que todas las proposiciones de ley que se registran en el Congreso deben contar con el visto bueno del Ejecutivo para ser debatidas, ya que el Gobierno cuenta con capacidad para vetar aquellas que, a su entender, puedan tener efectos negativos sobre los presupuestos en curso o previstos, ya sea porque merman los ingresos o porque aumentan los gastos.
En los documentos que ha mandado a Moncloa, a los que ha tenido acceso Europa Press, la Mesa del Congreso tilda de "arbitrarios" los vetos y concluye que "no procede plantear el conflicto iniciado, al no concurrir razón constitucional alguna para asumir la petición contenida en el citado acuerdo del Consejo de Ministros". Por eso, pide al Gobierno que desista de seguir adelante y no formalice la presentación del conflicto de atribuciones.
El órgano de gobierno del Congreso alude a dos sentencias del Constitucional que defienden que la facultad del Gobierno para oponerse a la tramitación de iniciativas "no es absoluta", sino que está "constreñida por ciertos límites formales y materiales".
Así, subraya que, "para su correcto ejercicio", el veto sólo puede utilizarse ante iniciativas legislativas "que afecten al mismo ejercicio presupuestario" y que la negativa debe estar "expresa y suficientemente motivada". Según el Congreso, estas condiciones no se cumplen ni en el caso de la LOMCE ni en el de los trabajadores subcontratados pues en ninguno de los dos se vería afectado "al ejercicio presupuestario en curso".
La Mesa también sostiene que la motivación aportada por el Gobierno en ambos casos "no justifica de forma objetiva y suficiente" que las iniciativas impliquen "aumento de créditos o disminución de ingresos del Presupuesto en vigor" y subraya que es "arbitraria" porque las mismas propuestas legislativas fueron tomadas en consideración en la anterior legislatura sin que el Gobierno, entonces en funciones, pusiera pega alguna.
SEGUNDO CONFLICTO, CON EL PRIMERO AÚN PENDIENTE
En el texto relativo a la ley educativa, que contó con el voto a favor del propio PP, la Mesa añade que la iniciativa ya ha sido tomada en consideración, por lo que ya no se puede dar marcha atrás. Aunque la proposición de ley sobre los subcontratados también ha pasado ya el filtro del Pleno, el escrito no lo reseña porque se tomó en consideración a última hora del pasado martes, día 20, justo el día que el Congreso notificó sus decisiones a Moncloa.
Por todo ello, la Mesa se reafirma en que "actuó correctamente, ejerciendo su propia competencia, en sus justos términos" y remarca que, frente a la solicitud de reconsideración del Gobierno, "es prioritario declarar que no procede plantear el conflicto iniciado, al no concurrir razón constitucional alguna para asumir la petición contenida en el citado acuerdo del Consejo de Ministros".
Si el Gobierno finalmente cumple su amenaza y lleva el asunto ante el Tribunal Constitucional, será el segundo conflicto de este tipo que llegue en menos de siete meses. El primero, planteado por el Congreso ante la negativa del Gobierno de Mariano Rajoy a someterse al control de las Cortes mientras estuvo en funciones, se planteó el pasado mes de junio y aún está pendiente de resolución.
