Gobierno vasco dice que una posible ley vasca antipandemia "no atentaría ni conculcaría otras normas de rango superior"

Asegura que la relación del Gobierno Vasco con el TSJPV no está "dañada" tras la resolución de este Tribunal sobre la hostelería

Europa Press Nacional
Publicado: miércoles, 24 febrero 2021 10:30

BILBAO, 24 Feb. (EUROPA PRESS) -

La consejera vasca de Gobernanza Pública y Autogobierno, Olatz Garamendi, ha afirmado que una posible ley vasca antipandemia "no atentaría ni conculcaría otras normas de rango superior", como el Estado de Alarma, y tampoco se prevé como "algo para hacer frente a diversas resoluciones judiciales".

En una entrevista a Onda Vasca, recogida por Europa Press, Garamendi se ha referido a la posibilidad que contempla el Ejecutivo de Iñigo Urkullu de aprobar en Euskadi una ley antipandemia tras "agotar" todas las herramientas jurídicas de las que dispone su Gobierno para hacer frente a la expansión de la Covid-19.

Tras rechazar que esta propuesta se plantee en respuesta a las últimos "reveses" judiciales, Garamenti ha explicado que "la preocupación es otra". Así, ha señalado que la pandemia está "ahí y pensábamos que era una situación excepcional" y que, en una serie de meses, a través de los diferentes decretos, se podían tener los "instrumentos necesarios para hacerle frente".

Sin embargo, ha dicho, la pandemia "sigue aquí" y lo que pretenden desde el Gobierno Vasco es "trabajar para ver si es posible o no dotar a nuestras herramientas de mayor seguridad jurídica. "Estamos analizando la posibilidad y la viabilidad de una ley de estas características", ha precisado, para reconocer que "hay ciertos límites que están ahí y que se deben de cumplir".

En ese sentido, ha explicado que una ley antipandemia que pudiera establecerse o regularse "no atentaría ni conculcaría otras normas de rango superior, como las leyes orgánicas establecidas o el estado de alarma, y tampoco se prevé como algo para hacer frente a diversas resoluciones judiciales". "Lo que pretendemos es analizar si podemos dotar de mayores y mejores instrumentos jurídicos para la regulación de la pandemia", ha reiterado, para afirmar que "hay que hilar muy fino" y, por eso, están llevando a cabo un análisis jurídico para ver "hasta dónde se puede llegar".

"HILAR MUY FINO"

Además de "hilar muy fino" en relación a las competencias del Estado, Garamendi ha dicho que también hay que hacerlo para determinar hasta que punto se puede "interpretar y dejar más claras las cosas de cara a la sociedad". "Lo que se pretende es tener los instrumentos necesarios para que la sociedad en cada momento sepa con certeza a qué nos tenemos que atener", ha remarcado, para insistir en que están en la fase de analizar la "viabilidad y la oportunidad de un desarrollo de rango legal".

Tras señalar que no tiene constancia de que el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, haya respondido a la carta que le envió el Lehendakari, Iñigo Urkullu, reclamando el cambio normativo actual del estado de alarma para tener mayores garantías jurídicas, ha recordado que lo que están trasladando al Gobierno español es la necesidad de tener "una mayor seguridad y que los decretos de alarma posibiliten a las comunidades autónomas poder desarrollar las medidas con rapidez y eficacia".

En cuanto a la relación entre el Gobierno Vasco y central, Garamendi ha dicho que "en global es buena y fluida, y se trabajan los temas, aunque hay discrepancias que se debaten y discuten".

SALONES DE JUEGO

Por otro lado, Garamendi se ha referido a la decisión del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco (TSJPV) de desestimar la adopción de medidas cautelares contra el cierre de salones de juego y apuestas decretado por el Gobierno vasco como medida para contener y combatir la pandemia de covid-19.

En un auto publicado este pasado martes, el TSJPV sostiene que la empresa que recurrió el cierre, que opera 27 salones en Euskadi, "no presenta una necesidad de ser resarcida económicamente por el daño sufrido", al contrario --añade la resolución-- de lo que ocurrió con el cierre de la hostelería.

Ante el hecho de que sea el mismo tribunal que permitió la apertura de la hostelería, la consejera ha dicho que "es el mismo tribunal, pero argumenta circunstancias diferentes". En el caso de los salones de juego, ha indicado el tribunal estima que no hay cabida a medidas cautelares porque entiende que, en su caso, si hubiera necesidad de resarcimiento económico, pudiera hacerse una vez decidido el fondo el asunto, es decir, una vez toque estimar o no mediante sentencia".

Tras negar que las alegaciones del Gobierno Vasco en el caso de la hostelería fueran "muy escuetas", como se ha criticado, y asegurar que fueron alegaciones técnicas "muy argumentadas y estrictas", Garamendi ha explicado que en el caso de los salones de juego las alegaciones también han sido "muy trabajadas".

La consejera de Gobernanza Pública y Autogobierno ha negado que la relación del Gobierno Vasco con el TSJPV haya quedado "dañada" tras la resolución sobre la hostelería. "Respetamos la sentencia, no compartimos las argumentaciones, pero no existe una relación dañada", ha afirmado.

Garamendi también se ha referido al fallo del Tribunal Supremo que da la razón a los sindicatos de la Ertzaintza y del Servicio Vasco de Salud-Osakidetza que denunciaron la falta de material de protección de los agentes de la Policía vasca y de los sanitarios ante el coronavirus durante la primera ola de la pandemia.

El pleno de la sala de lo social del Tribunal Supremo ha ratificado las sentencias dictadas por el Tribunal Superior de Justicia del País Vasco que, en junio del año pasado, declaró la "obligación" del Departamento de Seguridad de dotar a todos los agentes de la Ertzaintza de los medios de protección necesarios frente al coronavirus y en julio condenó a Osakidetza por poner en peligro a los sanitarios debido a la falta de equipos de protección al inicio de la crisis sanitaria.

Sobre esta decisión del Tribunal Supremo, Garamendi ha indicado que es "difícil de entender" en el momento en que llega la sentencia". "Hoy en día todos los servicios públicos están absolutamente dotados de todo lo necesario", ha defendido, por lo que, en este momento, "a efectos prácticos" esa sentencia no tiene "ningún efecto" porque "hoy en día se está cumpliendo absolutamente con todo".

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