BILBAO, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -
La portavoz del Gobierno vasco, Idoia Mendia, no renuncia a la transferencia de la competencia de prisiones, pese a reconocer "las reticencias" existentes en el Ministerio del Interior para realizar el traspaso. De esta forma, el Ejecutivo vasco pretende una transferencia paulatina de la competencia, que comience por el traspaso de los educadores y sanitarios, y prosiga con la gestión de las penas alternativas a la prisión.
En una entrevista concedida a Radio Euskadi, recogida por Europa Press, Mendia recordó que, al de un mes de tomar posesión de su cargo, se dirigió al Ministerio de Interior para reclamar la transferencia de prisiones.
"Evidentemente, teníamos pendiente, como cuestión más urgente, el tema de la Sanidad y la Educación en las cárceles, porque había un convenio firmado en el año 94, que se denunció en el 2007, y que, por tanto, estaba en una situación jurídicamente un poco extraña. Por ello, lo primero que le dijimos a Instituciones Penitenciarias es que queríamos la transferencia de los sanitarios y educadores, de la gente que da clases en la cárcel y de la que se preocupa de la salud de los internos", señaló.
Además, recordó que, tras este paso, se ha dado otro más para que se transfiera la gestión de todas las penas alternativas a la prisión, "que no se cumplen dentro de la cárceles y que son muchas, son la mayoría".
En este sentido, recordó que, desde la última reforma del Código Penal en la que, "por conducir bajo los efectos del alcohol, al final, acabas con un delito, siendo juzgado y condenado", hay mucha gente en esta situación en Euskadi, casi 5.000 personas.
"Tenemos que facilitar que todas esas personas que están en esa situación, puedan cumplir esas penas para volver a una vida normal. Porque, si te ponen una condena de este tipo, que nos puede pasar a cualquiera volviendo de una cena de amigos, no puedes adoptar un hijo, no puedes presentarte a unas oposiciones, en fin, tienes tus derechos, de alguna manera, restringidos", señaló.
Por ello, consideró que "hay que hacer todo lo posible para facilitarles el cumplimiento y para que, cuanto antes, cierren ese capítulo de sus vidas". "Y es en lo que estamos", apuntó.
RETICENCIAS
En cuanto a la transferencia completa de prisiones, manifestó que "es verdad que desde el Ministerio de Interior tienen cierta reticencia a lo que sería la transferencia propiamente dicha de los muros, de lo que son las cárceles propiamente dichas".
"De todos es sabido que, dentro de la política antiterrorista del Ministerio del Interior y del Gobierno de España, que es su competencia, además, entra todo el tema de las cárceles y la política penitenciaria", señaló.
Por ello, dijo que el Gobierno vasco "no ha querido en ningún momento, a la hora de afrontar las transferencias pendientes, pararse porque haya una discrepancia". "Hemos querido seguir avanzando, porque la situación de los que están en las tres cárceles vascas cumpliendo condena, es bastante mala y estamos a intentar mejorarla", indicó.
INSERCIÓN LABORAL Y SOCIAL
En este contexto, enmarcó el plan de inserción social y laboral de todos presos de los centros penitenciarios de Euskadi porque "es fundamental". "Cuando una persona pasa ya de 20 años de condena, si ya estaba fuera de la sociedad cuando entró en la cárcel, después de 20 años de régimen carcelario, de estar internado, de tener todos los días la misma rutina, al final, la vida de desmorona. Entonces, tenemos que ayudarles a recuperar su vida, a que, cuando cumplan condena y salgan a la calle, sean personas que puedan servir a la sociedad y puedan tener un futuro", señaló.
En esta línea, recordó que "muchos de ellos no tienen formación, no tiene un oficio, hay que buscarlo, hay que dárselo", mientras que "otros son drogodependientes, y hay que buscarles ayuda, pero no sólo en la cárcel", sino para que, después, "tengan un seguimiento a sus drogodependencias y a la inserción laboral".
"Si conseguimos que un porcentaje, aunque sea mínimo, no vuelva otra vez a la cárcel, habrá sido un triunfo de toda la sociedad", apuntó.
JUSTICIA GRATUITA
Idoia Mendia destacó que el Gobierno vasco se gasta en la Justicia gratuita un total de 17 millones de euros, por la que se pone a disposición de las personas que no tienen renta suficiente un abogado y procurador con el fin de que puedan defender sus derechos ante los tribunales.
"Evidentemente, se trata de dinero público de todos los vascos y, nosotros, desde el Gobierno queremos tener mucho cuidado en su gestión, y queremos controlar también la formación de aquellos abogados y procuradores que dan este servicio para que sea el mejor servicio", apuntó.
Asimismo, consideró necesario tratar de controlar "también a los peticionarios, es decir, que, efectivamente, se trate de personas que no tienen renta suficiente para pagar un abogado privado y tiene que acudir a la Justicia gratuita".
El Gobierno vasco también quiere realizar modificaciones para que el ciudadano pueda elegir "líbremente" al abogado y al procurador, dentro del listado de abogados y procuradores de oficio.