El Gobierno ve compatible desjudicializar el tema catalán y recurrir el PIN parental, "una vulneración de la norma"

La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero comparece ante los medios de comunicación tras la segunda reunión del Consejo de Ministros del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos y última celebrada en viernes en Moncloa, e
La ministra de Hacienda y Portavoz del Gobierno, María Jesús Montero comparece ante los medios de comunicación tras la segunda reunión del Consejo de Ministros del Gobierno de coalición del PSOE y Unidas Podemos y última celebrada en viernes en Moncloa, e - Ricardo Rubio - Europa Press
Actualizado: viernes, 17 enero 2020 13:53

Montero defiende que la política no se esconda tras las togas y no aclara cuándo impugnará una resolución catalana sobre autodeterminación

MADRID, 17 (EUROPA PRESS)

La ministra de Hacienda y portavoz del Gobierno, María Jesús Montero, ve compatible desjudicializar el problema catalán con recurrir el PIN parental que VOX ha pedido en la región de Murcia para apoyar el presupuesto de esa CCAA. En opinión de Montero, "no es lo mismo" el tema catalán que "una vulneración de la norma" que se estaría produciendo en Murcia. Eso sí, ha advertido de que desjudicializar significa que "la política no se puede esconder detrás de las togas".

Así lo ha afirmado durante la rueda de prensa posterior al Consejo extraordinario de Ministros celebrado este viernes. Según la ministra, esto significa que los asuntos que son motivo de controversia política o de conflicto no se pueden recurrir a los tribunales para intentar que sean estos quienes lo resuelvan.

"Si me permiten el tono coloquial, la política no se puede esconder detrás de las togas", ha exclamado, antes de advertir de que lo único que se logra con eso es complicar la resolución de conflictos, y hacer que el poder judicial se vea inmerso en cuestiones que tienen difícil encauzamiento a través de esa vía.

Sin embargo, y al ser preguntada si no ve contradictorio desjudicializar el asunto catalán al tiempo que se recurre a los tribunales el PIN parental que ha pedido VOX en la Región de Murcia, la portavoz del Ejecutivo ha asegurado que "no se puede comparar" el conflicto de Cataluña con "una vulneración de la norma".

En este sentido, ha afirmado que la inclusión del PIN parental en la Educación va en contra de la Ley de Educación, de la Ley de Violencia de Género y en los Convenios Internacionales. No obstante, ha precisado que antes de proceder a recurrir a los tribunales, el Gobierno va a realizar un requerimiento al Gobierno de esta Comunidad Autónoma.

La respuesta de Montero se ha suscitado a partir de una pregunta que pretendía que el Gobierno aclarase si piensa impugnar o no la última resolución aprobada por el Parlamento catalán el 26 de noviembre pasado que atribuía a esa Cámara la capacidad de reivindicar todas las veces que considerase necesario el derecho de autodeterminación, pese a que ese apartado en cuestión lo había anulado con carácter previo el Tribunal Constitucional.

DOS MESES DE PLAZO QUE SE ESTÁN AGOTANDO

Para poder impugnar ante el Tribunal Constitucional una resolución no vinculante de los parlamentos autonómicos, el Gobierno tiene un plazo máximo de dos meses. Montero ha argumentado que no se ha tomado aún una decisión porque "hace falta completar el expediente administrativo", pero ha asegurado que el Ejecutivo "no va a permitir que ninguna administración se salte ninguna norma, se salte ninguna ley o la incumpla".

El Gobierno "velará" --ha insistido-- "primero a través de la petición o la demanda de que se retiren aquellas cuestiones que se considere que vulneran el ordenamiento jurídico y en caso de que ello no se produzca, recurriendo a diferentes procedimientos administrativos o judiciales".

Fuentes del Gobierno han precisado a Europa Press que no se les va a pasar ningún plazo en relación con este asunto y la decisión de impugnar o no esa resolución se tomará basándose en criterios estrictamente jurídicos.

En cualquier caso, Montero ha querido situar la eventual impugnación de la resolución del Parlament y la decisión contra el PIN parental en "planos distintos", en tanto en cuanto el Gobierno entiende que en el primer caso el pronunciamiento de la Cámara autonómica, al no ser vinculante sino una toma de posición política, no tiene efecto directo sobre terceros, como sí ocurre en el caso del PIN parental.

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