Grabaciones revelan que los detenidos se decían miembros del ERT, sobre el que hay abiertas más líneas de investigación

MADRID 27 Sep. (EUROPA PRESS) -

Grabaciones intervenidas a los nueve detenidos en la operación contra los Comités de Defensa de la República (CDR) revelan que ellos mismos se autodenominaban miembros del Equip de Resposta Tctica (ERT), la organización terrorista a la que supuestamente pertenecen y sobre la que la Guardia Civil tiene abiertas más líneas de investigación.

Según han informado a Europa Press fuentes jurídicas, el operativo policial que se desarrolló el pasado lunes fue la consecuencia de meses de investigación en los que conversaciones intervenidas revelaron la existencia de este grupo u organización, una facción de los CDR que, según el auto del juez instructor, Manuel García Castellón, tenía una "estructura jerarquizada que pretendía instaurar la república catalana por cualquier vía, incluida la violenta".

En la operación del lunes se intervino a los nueve sospechosos abundante documentación y material, además de numerosos archivos informáticos, con el que los investigadores están trabajando ahora y tras cuyo análisis no se descarta que la causa abierta en la Audiencia Nacional pueda cobrar más dimensión.

En cualquier caso, el grupo detenido el lunes -del que siete sospechosos han ido a prisión provisional por delitos de integración en organización terrorista, tenencia de explosivos y conspiración para cometer estragos-- no es la única vía de investigación abierta, sino que la Guardia Civil trabaja en otras líneas relacionadas con el ERT, según las fuentes consultadas.

De las nueve personas detenidas el lunes, siete pasaron ayer a disposición judicial. Tras prestar declaración, el magistrado ordenó prisión provisional para todos ellos basándose en la gravedad de las penas que conllevan los delitos que se les imputan, la capacidad de destruir pruebas que tendrían en caso de estar en libertad, el riesgo de fuga, así como la posible reiteración delictiva. Los siete han sido trasladados a la cárcel de Soto del Real, en el norte de Madrid.

DOS SE DESMARCAN DEL RESTO DEL GRUPO

Cinco de los investigados están asesorados jurídicamente por abogados de la organización Alerta Solidaria, mientras que los otros dos --Jordi Ros y Ferrán Jolis, de 45 y 38 años, respectivamente-- optaron por desmarcarse de esta línea de defensa y pidieron asistencia de abogados de oficio.

Fueron Ros y Jolis los que declararon durante horas en la Comandancia de la Guardia Civil de Tres Cantos (Madrid) antes de pasar ante el juez y admitieron tener conocimiento sobre la compra y las pruebas con explosivos, según confirmaron a Europa Press fuentes de la investigación.

Eso sí, trataron de desvincularse de las acusaciones de terrorismo y enmarcaron la manipulación con explosivos en actos de sabotaje, tratando de demostrar que no tenían intención de causar daños a nadie.

En el auto entregado a las defensas de los sospechosos --que no es la resolución completa al estar secreta la causa-- García Castellón atribuye al ERT "capacidad suficiente" para llevar a cabo "tácticas y maniobras" con un "alto nivel de profesionalización". Todo ello en línea con la tesis de la Fiscalía, que opina que el ERT tiene "naturaleza terrorista" y su finalidad era "subvertir el orden constitucional y alterar gravemente la paz pública".

También destaca el auto una fecha muy concreta, el 15 de septiembre de 2018, día en el que, afirma, se produjo una "maniobra orquestada por el ERT en la máxima clandestinidad" en la que la organización planteaba "el encuentro con una persona que por la reacción de los integrantes al conocer su identidad debía tener un componente peligroso". No especifica de quién se trata ni en qué circunstancias se produjo tal encuentro.