El Grupo de Currin verifica el cese de la extorsión etarra y pide al TC que contribuya a la "normalización política"

Europa Press Nacional
Actualizado: miércoles, 4 mayo 2011 16:17

MADRID 4 May. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Internacional de Contacto (GIC), impulsado por el mediador sudafricano Brian Currin, ha emitido este miércoles un comunicado en el que aseguran haber verificado el cese de la extorsión etarra a los empresarios, pero manifiesta su pesar por el rechazo del Tribunal Supremo a las listas de Bildu y piden al Tribunal Constitucional que contribuya a "la normalización política" en el País Vasco a la hora de decidir sobre la presencia de la coalición en las elecciones.

En el comunicado asegura haber "consultado a distintas asociaciones empresariales en el País Vasco" y también haber "tomado en consideración las cartas de ETA a los líderes empresariales confirmando el cese del llamado 'impuesto revolucionario' como una parte integral de su alto el fuego".

"La conclusión a la que hemos llegado es que esta práctica de extorsión ha cesado completamente. En nuestra opinión, es un avance importante hacia el logro de la normalización social y política en el País Vasco y debe ser bien valorado por todos. El GIC, sin embargo, continuará comprobando la información respecto al alto el fuego declarado por ETA", dice la nota.

No obstante, el GIC manifiesta su "pesar y preocupación" ante la resolución del Tribunal Supremo "de prohibir la participación de Bildu en las próximas Elecciones Locales, en particular tras la decisión del mismo tribunal de prohibir la inscripción de Sortu como partido político".

"La normalización política sólo será una realidad cuando todos los partidos políticos que se han comprometido exclusivamente con los medios no violentos tengan derecho a participar en los procesos democráticos y las instituciones", explican si bien matizan que "a pesar de la decepción", respetan la decisión del Tribunal y aseguran sentirse "animados por el voto particular de la minoría".

"Deseamos sinceramente que, cuando el Tribunal Constitucional analice los hechos y aplique la ley, tome una decisión que represente una contribución a la normalización política en el País Vasco", concluye.

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