El guardia civil imputado por confesar haber colocado balizas ilegales dice al juez que se lo inventó todo

MADRID, 12 Sep. (EUROPA PRESS) -

El sargento de la Guardia Civil Sergio Bravo, que consta como investigado en la Audiencia Nacional (AN) por haber confesado a una amiga íntima que colocó balizas de seguimiento de forma ilegal y que presentaba informes sobre vigilancias que nunca se produjeron, ha señalado este martes ante el juez que todas las conversaciones que le grabó su amante y en las que confesaba esos ilícitos eran inventadas por él para seguirle la corriente pues suponía que tenía algo que ver con una red de narcotráfico que investigaba.

Así pues, y según fuentes jurídicas consultadas por Europa Press, el agente ha negado ante el titular del Juzgado Central de Instrucción número 5, Santiago Pedraz, que lo que confesó en esas conversaciones a la mujer, y que fueron aportadas a la causa por la defensa de uno de los investigados, fuera verdad.

De hecho, ha sostenido en respuesta a las preguntas del propio juez, de la Fiscalía y de su defensa que dado que se percató de que ella podía tener algo que ver con una investigación en curso, decidió seguirle el juego para saber si podía averiguar algo más.

El guardia civil ha negado así que colocara balizas sin autorización legal en vehículos de los investigados y que se redactaran actas de seguimiento que nunca tuvieron lugar; y ha prometido al juzgado que presentará documentos que acreditan que la mujer, testigo en la causa y que también ha declarado ya ante Pedraz, tenía relación con la organización que su grupo investigaba.

Según adelantó 'Economist & Jurist', y pudo confirmar Europa Press, las grabaciones al sargento perteneciente al Grupo de Delitos Económicos de la Comunidad de Madrid fueron aportadas en el seno de la pieza separada por blanqueo el pasado 20 de junio.

En la transcripción que la defensa hacía de una de esas conversaciones, el agente señalaba en un momento dado a su amiga que una baliza que había colocado "es ilegal". "Yo soy el más ilegal de los ilegales", reconocía para luego apuntar que, incluso, llegaron a grabar interrogatorios a detenidos en los traslados en el propio coche policial.

El escrito de la defensa denunciaba que esas vigilancias sobre los investigados no se efectuaron, y lo acreditaban señalando que mientras las actas ubican a los agentes de ese grupo al que pertenecía el sargento en seguimientos de este caso, "en realidad se encontraban en su unidad realizando gestiones relacionadas con el (caso) 8-M". Y lo acreditaba aportando metadatos de correos electrónicos y de impresoras utilizadas, así como citaciones para testigos firmadas por agentes de esa unidad.

LA GRABACIÓN DE LOS AUDIOS

La defensa explicaba que el origen de los audios captados al sargento se encuentra en las grabaciones de la mujer con la que mantuvo una relación sentimental de meses y que, "casualidad inesperada", resultó ser amiga también de uno de los investigados en la AN. Dado que vio que las ilegalidades que le contaba el sargento afectaban a su amigo, y puesto que le había grabado y guardaba conversaciones de Wahtsapp, lo puso en conocimiento de este último y le manifestó que estaba dispuesta a colaborar en la investigación.

La defensa, que envió los audios a Pedraz, consideraba que la causa que se pudiera seguir contra el suboficial de la Guardia Civil no se debería ventilar en la Audiencia Nacional, pero añade que dado que esos informes "falsos" elaborados por los agentes surten efecto en la causa que se sigue en la AN, "la aportación de la prueba de su mendicidad y de las prácticas ilegales (...) resulta un elemento indispensable para la toma de decisiones judiciales" en el procedimiento.

Recordaba además que, incluso antes de que en esa grabación el agente confirmara la existencia de balizas ilegales en vehículos, ya fueron detectadas por "múltiples investigados" y llegó a ser objeto de una querella.

Y añadía que en atestados incluidos en la causa existen "graves incoherencias" tales como afirmar en un acta de vigilancia que una persona era titular de un vehículo cuando no lo fue hasta meses después. "Claramente pone de manifiesto que la vigilancia no se realizó y que su falsa acta se redactó --con suma torpeza-- a posteriori", explicaba.

Ahora, el magistrado de la AN deberá decidir si continúa con la investigación sobre el agente o si decide archivar el asunto, en todo caso, lo previsible es que espere a recibir esa documentación prometida por la defensa del sargento antes de adoptar una decisión.