MADRID, 22 Nov. (EUROPA PRESS) -
El alcalde de Madrid, Alberto Ruiz-Gallardón, aseguró hoy que todas las licencias otorgadas por el Ayuntamiento que tengan alguna relación con los miembros de la presunta trama de corrupción destapada en el seno de las áreas de Gobierno de Urbanismo y Vivienda y de Medio Ambiente, así como en varias juntas de distrito, serán revisadas para determinar si cumplen con todos los requisitos necesarios para haber sido aprobadas.
Gallardón, que se manifestó así en la rueda de prensa posterior a la reunión semanal de su Gobierno, explicó que el Ayuntamiento ya ha consultado con el juez Santiago Torres, encargado de la denominada 'Operación Guateque', sobre las medidas a adoptar contra los funcionarios presuntamente implicados en el cobro de comisiones para agilizar la tramitación de licencias municipales.
En este sentido, relató que la consulta fue realizada al día siguiente de conocerse públicamente el caso, el pasado miércoles día 14, y aseguró que el Gobierno municipal actuará tal y como establezca el magistrado, aunque no precisó si alguno de los funcionarios presuntamente relacionados con esta red ha vuelto a su puesto de trabajo después de declarar o ha sido apartado de sus funciones.
Además, el regidor insistió en que hay que ser "plenamente conscientes" de la proporción en este caso, ya que están imputados menos de 20 funcionarios de un cuerpo de "más de 25.000". También dijo que hay que tener en cuenta la proporción al hablar del número de expedientes, ya que aunque no se conocen, de momento, cuántos hay afectados por la presunta trama, "entre las áreas de Gobierno y las juntas de distrito se tramitan más de 40.000 expedientes al año".
Gallardón explicó que de los más de 25.000 funcionarios, "muchos miles" emiten informes que son "vinculantes" para la tramitación de un expediente o para la concesión de una licencia. Asimismo, recordó que a pesar de que hay que reprochar de forma "absoluta y severa" el comportamiento de los funcionarios implicados, la mayoría de los trabajadores municipales son "personas dignas" que realizan su labor "con vocación de servicio público, de acuerdo con la legalidad y el interés general".
Por otro lado, se refirió a Victoriano Ceballos, presunto cabecilla de la trama. Así, constató que este funcionario llegó al Ayuntamiento de la mano del PSOE, a principios de los años 80, como cargo de libre designación y, posteriormente, adquirió su condición de trabajador público cuando los socialistas gobernaban la Administración municipal y su cuñado, Saturnino Zapata, era el concejal de Personal. "Sobre estos hechos tiene que pronunciarse el PSOE", afirmó Gallardón, quien destacó que "un corrupto es un corrupto y la responsabilidad es de quien comete el delito".
