28 de marzo de 2020
 
Actualizado 06/06/2008 16:30:19 CET

Guillot (ICV) critica que el Gobierno pueda condicionar la nueva financiación a la situación económica

BARCELONA, 6 Jun. (EUROPA PRESS) -

El secretario general de ICV, Jordi Guillot, criticó hoy la posibilidad de que el Gobierno pueda condicionar la negociación de la nueva financiación autonómica a la situación de crisis económica, por lo que instó al Ejecutivo central a traspasar a Cataluña los recursos para afrontar el ejercicio de sus competencias.

"Cataluña no puede esperar a que haya un nuevo modelo en crecimiento para tener un sistema de financiación adecuado", señaló en rueda de prensa, acompañado por la diputada en el Parlamento catalán Laura Massana y por el responsable económico, Josep Torrecillas.

Para Guillot, el presidente del Gobierno, José Luis Rodríguez Zapatero, "no ha interiorizado la situación económica del país" y "niega la realidad", algo que tildó de "infantil y absurdo".

Además, consideró "parciales, incompletas y coyunturales" las medidas que ha presentado el Ejecutivo central para afrontar la crisis económica, y reiteró sus críticas a medidas como la deducción de los 400 euros del IRPF o la eliminación del Impuesto de Patrimonio.

ONCE PROPUESTAS PARA AFRONTAR LA CRISIS.

Por ello, Guillot presentó 11 propuestas que ICV ha plasmado en un documento para frenar al máximo el impacto que pueda tener la crisis económica en los ciudadanos.

En primer lugar, los ecosocialistas proponen establecer un nuevo modelo productivo basado en un incremento de las inversiones públicas en innovación y tecnología, defensa del tejido industrial y una apuesta por crear actividad económica y ocupación en nuevos sectores estratégicos.

También plantean la creación de un plan de actuación en aquellos sectores productivos que puedan sufrir posibles reestructuraciones industriales; la potenciación de nuevas ocupaciones; inversión en obra pública, sobre todo en infraestructuras de movilidad sostenible y transporte público, y un plan de rehabilitación de vivienda a nivel estatal financiado a partes iguales por el sector público y privado.

El documento también propone la necesidad de invertir en el ámbito educativo; mejorar el poder adquisitivo de los salarios de los trabajadores, sobre todo los más bajos; la modificación jurídica de la actual Ley de Extranjería; un sistema fiscal justo y progresivo; la lucha contra el fraude fiscal, y un plan de actuación de medidas urgentes en el ámbito estatal y autonómico que garantice los recursos para que los ayuntamientos puedan desarrollar programas sociales.

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