MADRID, 4 Jun. (OTR/PRESS) -
Jornada crucial la de hoy en el pabellón de la Audiencia Nacional en la Casa de Campo donde se sigue el juicio por los atentados del 11-M. El Ministerio Fiscal y las acusaciones populares y particulares presentan ante el tribunal su petición definitiva de penas para los 29 acusados por la masacre en Madrid, tras las declaraciones de los imputados, cientos de testigos, agentes de las Fuerzas de Seguridad y peritos, desarrolladas durante más de tres meses y 44 sesiones de vista oral. Mientras, algunos de los abogados defensores se plantean pedir la nulidad del juicio al considerar que durante su desarrollo se ha producido una instrucción de la causa, lo que produciría, según ellos, la indefensión de sus clientes.
La fiscal Olga Sánchez abrirá el turno establecido para la lectura de las solicitudes de pena finales. Todo parece indicar que no se producirán excesivas variaciones en los años solicitados para los considerados autores materiales e intelectuales de los atentados, para los que Fiscalía y el resto de acusaciones solicitaba penas de entre 38.654 y 42.350 años. No obstante, sí que habrá variaciones en el caso de otros acusados.
La Asociación 11-M Afectados por el Terrorismo, por ejemplo, tiene previsto retirar la acusación como autor material de los atentados de marzo de 2004 en Madrid contra Basel Ghalyoun y mantener únicamente el delito de pertenencia a organización terrorista, lo que supondría un descenso en la petición de condena de los 38.654 años actuales a únicamente 12. La asociación, personada como acusación popular en el juicio, introducirá esta variación en su calificación definitiva.
La solicitud provisional de pena del Ministerio Fiscal acusaba a Ghalyoun de 191 asesinatos terroristas, 1.824 asesinatos terrorista en grado de tentativa, 4 estragos terroristas y pertenencia a banda armada, delitos por los que pedían una pena de casi 39.000 años. La única testigo que situó a Ghalyoun en uno de los trenes de cercanías en los que se produjeron las explosiones varió ante el tribunal su declaración y especificó que la persona que vio la mañana del 11-M fue al huido Daoud Ouhnane.
PETICIONES DE PENA
Otra de las variaciones introducidas por esta acusación popular es la previsible retirada del delito de asociación ilícita en el caso del vigilante de Mina Conchita Emilio Llano, que pasaría de los 11 años pedidos actualmente a 8, y del minero Raúl González Peláez, alias "Rulo", que bajaría de 22 a 19 años. Además, retirarán al igual que prevén realizar el resto de acusaciones particulares y populares, la acusación contra Brahim Moussaten y sustituirán en el caso de su hermano Mohamed el delito de integración en organización terrorista por el de colaboración con banda armada.
Por otra parte, la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M tiene previsto doblar su actual solicitud de pena para la ex mujer de José Emilio Suárez Trashorras, Carmen Toro, que pasará de 4 a 8 años de prisión. Otra de las acusaciones populares, la Asociación de Víctimas del Terrorismo (AVT) adelantó su intención de rebajar las penas demandadas para los asturianos Antonio Iván Reis, Sergio Álvarez e Iván Granados de 12 a 4 años, tras retirar su acusación de suministro de explosivos.
Las tres acusaciones confirmaron que no tienen intención de modificar sus peticiones de penas en el caso del acusado Rafá Zouhier para el que la AVT y la Asociación de Ayuda a las Víctimas del 11-M piden 20 años. La asociación de Manjón le consideraba autor de los hechos y pedía ya en su caso 39.049 años, pena similar a la que podría fijar finalmente para él la Fiscalía.
LA INTENCIÓN DE LA FISCAL
El pasado viernes se hizo público parte del escrito de calificaciones definitivas de la fiscal Olga Sánchez, en el que se recoge la retirada de acusación contra dos de los 29 procesados por los atentados perpetrados en Madrid el 11 de marzo de 2004. El Ministerio Público considera que no hay pruebas suficientes contra Javier González Díaz, alias 'El Dinamita', y contra Brahim Moussaten, ambos en libertad provisional.
La fiscal endurece considerablemente las peticiones de pena para casi todos los acusados, salvo para Iván Granados Peña, Sergio Álvarez e Iván Reis, tres de los implicados en la trama asturiana de explosivos, para quien rebaja a la mitad la petición de prisión a la que se enfrentaban. No es el caso de Otman El Gnaoui, a quien la fiscal Sánchez considera un hombre de confianza de uno de los jefes suicidas del comando y cooperador necesario en la masacre de Madrid y solicitará 38.000 años de prisión.
Carmen Toro, también se enfrenta a una petición de pena mayor que los cuatro años iniciales, seis pide la fiscal, después de que en el juicio se pusiera en tela de juicio su desconocimiento de lo que se fraguaba. Sin embargo, el aumento de petición de pena más destacado es el del controvertido Zouhier, que, según la fiscal, "actuó de forma determinante como enlace entre los terroristas islamistas y el grupo de Asturias que vendió los explosivos", por lo que le considera autor por cooperación necesaria y pide para él 38.968 años de prisión.