Un informe de FAES para Rajoy sobre el Estado autonómico propone someterlo a una "profunda" reforma organizativa

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

Un informe elaborado por la Fundación para el Análisis y los Estudios Sociales (FAES) para el líder del PP, Mariano Rajoy, propone abordar una "profunda" reforma organizativa del sector público autonómico basada en la racionalización de todo el sector instrumental, empresarial y fundacional del que forma parte.

El documento de la fundación presidida por el ex presidente del Gobierno José María Aznar, redactado bajo el título de 'Por un Estado autonómico racional y viable', está formado por tres análisis independientes de los expertos Julio Gómez-Pomar, Mario Garcés y el diputado Gabriel Elorriaga. Todos ellos analizan el gasto de las administraciones territoriales, las competencias que tienen atribuidas y otros aspectos como el número de empresas públicas o de funcionarios.

En concreto, el informe del auditor del Estado Mario Garcés considera que el proceso de transferencias se puede dar "prácticamente" por concluido y, dado el resultado, concluye que "no se puede construir una doctrina en forma de bloque político" de tal modo que "los territorios gobernados por una u otra formación se conduzcan bajo pautas diferentes". "Los intereses locales priman sobre las estrategias generalistas de partido", sostiene.

Además, advierte de que el Producto Interior Bruto (PIB) de cada región es un indicador general pero no alerta del grado de calidad y satisfacción de los intereses generales, por lo que no puede considerarse que mayor gasto implique mejor gasto.

A su juicio, los gastos de las autonomías deben dividirse entre los esenciales o imprescindibles, como los servicios públicos educativos y sanitarios, y aquellos otros que son no esenciales y que deberían ser "cercenados" en etapas de ajuste y cuestionada su oportunidad en etapas de bonanza económica. Como ejemplo pone "la clonación de entidades u organismos autonómicos para replicar la planta de Estado", que "no reportan más beneficio que el político".

Por todo ello, concluye que el sector público autonómico está llamado a una profunda reforma organizativa, aunque recomienda no caer en el error de considerar que la desconcentración representa mayor coste y escasas ventajas competitivas. A su juicio, el Estado debería garantizar un espacio común para el contraste y la ponderación de resultados de una misma política en cada uno de los diecisiete territorios.

SÍNTOMAS DE AGOTAMIENTO

Para Elorriaga, hay "claros síntomas de agotamiento" del modelo autonómico y, en su opinión, ha sido la crisis económica la que ha puesto de manifiesto que se han cometido "numerosos excesos y la existencia de duplicidades y desajustes".

Por ello, afirma que "no parece posible ni deseable continuar por el camino" que ha llevado a un "progresivo incremento del peso relativo de las comunidades autónomas", si bien prevé que este seguirá siendo el "programa político de los partidos nacionalistas durante la próxima década" y que para ello "encontrarán respaldo y legitimación en una parte" del PSOE.

Ante esta situación, Elorriaga propone en sus conclusiones alcanzar "nuevos acuerdos constitucionales" para redefinir el modelo autonómico así como "redimensionar el tamaño" de determinadas administraciones y atribuirles mejor sus competencias y responsabilidades para evitar "duplicidades".

Por otro lado, también sugiere acometer una "mejora de la transparencia del sistema autonómico de ingresos públicos", aunque también considera "imprescindible y urgente mejorar los instrumentos de estabilidad financiera del sistema", para lo cual aboga por la creación de un "fondo de estabilidad en la financiación de los servicios públicos que compense los altibajos".

Por último, apuesta por "reforzar la estabilidad de las normas básicas de reparto de ingresos mediante su constitucionalización", además de establecer "límites adicionales" al endeudamiento o promover su "completa desaparición en los niveles subcentrales de gobierno".

PREMIAR LAS CONDUCTAS EFICIENTES

El informe de Mario Garcés aborda también el modelo de financiación autonómica y propone que las comunidades autónomas más eficientes recibieran aportaciones adicionales como retorno a su conducta. "Debería transformarse la cultura de la transferencia incondicionada parcialmente a fin de sujetarla a la transferencia eficiente", considera.

También cree que debería redefinirse el modelo de financiación Julio Gómez-Pomar para permitir a que las comunidades graven las mismas bases imponibles que el Estado en el IRPF, establezcan sistemas de precios, precios públicos y tasas en todos los servicios que sean susceptibles de ello. "De esta forma la tributación se aproximaría al principio del beneficio y se aumentaría la eficiencia y la corresponsabilidad fiscal", explica.

A su juicio, muchos de los problemas del actual modelo de organización territorial son fruto de la pérdida de poder del Gobierno central "para actuar como agente disciplinador" del comportamiento financiero de las autonomías y de su falta de capacidad para imponer una coordinación en determinadas políticas de gasto.

Mario Garcés advierte de lo "sorprendente" que supone que, en pleno siglo XXI, la Unión Europea disponga de más instrumentos de planificación, control y corrección sobre sus estados miembros que los que el Estado español dispone sobre sus comunidades autónomas. "El Estado debe reconsiderar su posición, no puede ser un simple observador o albacea del proceso", avisa.

En su análisis se detiene en las instituciones y entidades duplicadas en la Administración del Estado y las comunidades, como por ejemplo los tribunales autonómicos de competencia, las televisiones autonómicas, los institutos de estadística o meteorológicos o los órganos de control externo.

El informe de FAES también aborda el número de entidades en las comunidades autónomas y advierte que no se corresponde con el porcentaje de población de cada una de ellas. Por ejemplo, Cataluña cuenta con el 15,95 por ciento de la población española y Madrid con el 13,59 por ciento; pese a lo que Cataluña casi triplica el número de entidades de Madrid.

Los datos recopilados reflejan que, desde 2008 hasta mediados de 2009, se constituyeron cerca de cien entes públicos, lo que supone 1,2 por semana. La tendencia en los últimos seis años es de crecimiento constante repartido de manera desigual por comunidades.

SOBREPOBLACIÓN DE FUNCIONARIOS

En cuanto a los trabajadores públicos, advierte de que se ha producido una "posible" sobrepoblación de funcionarios, ya que un análisis de los últimos cuatro años revela que en las comunidades se ha producido un incremento de la tasa de empleados públicos del 29,46 por ciento, frente al incremento del 6,70 por ciento del Estado.

"Habida cuenta que desde 2006 hasta 2010 apenas se ha producido ningún incremento significativo del catálogo de competencias transferidas a las comunidades autónomas, parece que encuentra escasa lógica este incremento de recursos que se ha producido de manera heterogénea entre las diferentes administraciones territoriales", argumenta.

En este argumento coincide Gabriel Elorriaga, que critica el "constante incremento" de los recursos humanos empleados por las administraciones territoriales. "Las comunidades autónomas, sin asumir nuevas competencias han incorporado a casi 250.000 empleados adicionales en los últimos ocho años", explica.

En este periodo, únicamente Canarias, Galicia y Navarra han reducido su plantilla de empleados públicos, mientras que el resto de comunidades han presentado una tasa al alza. Asimismo, las retribuciones entre los funcionarios de las autonomías presentan importantes diferencias.