MADRID, 15 Abr. (EUROPA PRESS) -
El diputado de Izquierda Unida Ángel Pérez ha registrado una pregunta en el Congreso dirigida al Ejecutivo para que explique si "tiene prevista alguna actuación para que se haga efectivo el reconocimiento de la enfermedad profesional a todos los trabajadores de la antigua fábrica de Uranio de Andújar (Jaén), incluidos los que han fallecido".
De esta forma, IU atiende a una reclamación largamente reivindicada por la Asociación de ex Trabajadores de esta empresa, que se vieron afectados "por la toxicidad química y radiológica del uranio natural que manipularon durante más de 20 años de vida laboral sin ningún tipo de protección", informó la federación de izquierdas en un comunicado remitido a Europa Press.
Con esta pregunta al Ejecutivo, Ángel Pérez desea conocer "en qué fase se encuentra el Protocolo General de Colaboración firmado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales y la Consejería de Salud de la Junta de Andalucía" para la realización de actuaciones conjuntas en relación con los trabajadores afectados de patologías derivadas de la utilización laboral del uranio, que debería concluir con el reconocimiento de la enfermedad profesional de los trabajadores de esta fábrica.
"Fueron en torno a 120 personas las que trabajaron en esta fábrica, de las cuales han fallecido por alguna de estas patologías más del 40 por ciento, lo que evidencia la existencia de una circunstancia excepcional para que la mortalidad sea tan elevada", afirmó Pérez.
Esta "circunstancia excepcional" resaltada por el diputado de IU se encuentra "en las elevadas tasas de contaminación por los isótopos que componen el uranio natural en el organismo de los trabajadores, que han sido causantes de la producción de tumores, de la afectación del aparato locomotor y de la hipocausia que padecen y que a muchos ya les ha causado la muerte".
Asimismo, Pérez aprovecha para criticar la "falta de soluciones" puestas sobre la mesa, así como el hecho de que "para la elaboración del Protocolo no se llamó a consulta ni a sindicatos ni a los afectados, una acción que, de haberse realizado, hubiera permitido la participación social necesaria para un tema de gran trascendencia" que, según se ha podido atestiguar "ha creado una gran alarma social y mucha preocupación en el conjunto de la sociedad".
Igualmente, incide en que se debería zanjar el tema dando "una resolución de oficio por parte del organismo público competente", para dar solución "a las expectativas creadas entre los trabajadores y sus familias tras el acuerdo unánime y la voluntad política de todos los Grupos Parlamentarios del Congreso de los Diputados para resolver el tema".
