Jueces y fiscales plantean incluir a los responsables de partidos políticos en el delito de soborno

MÁLAGA 22 Ene. (EUROPA PRESS) -

Las asociaciones Unión Progresistas de Fiscales (UPF) y Jueces para la Democracia (JpD) plantearon hoy la posibilidad de que el legislador incluya "expresamente" a los que ejercen funciones políticas o cargos de responsabilidad en partidos políticos en el delito de cohecho que se regula en el Código Penal.

Según indicó el presidente de la UPF, Emilio Sánchez, que asistió a la reunión que las ejecutivas de ambos colectivos profesionales mantuvieron hoy en Málaga, el soborno se limita legalmente a los funcionarios públicos o a aquellos que prestan algún tipo de actividad relacionada con el servicio público.

Pero explicó que "se está olvidando algo que ha surgido con fuerza en los últimos tiempos, el papel de aquellos responsables de partidos políticos, que aunque no tienen un cargo público determinado, en virtud de su posición en el partido tienen una posición de fuerza muy importante para determinar la conducta de aquellos cargos que pertenecen al partido".

Dentro del apartado de la corrupción pública también se planteó que "el instrumento penal no es el único que debe usarse para la lucha contra este tipo de actividades perversas", al considerar que hay una serie de criterios "de actuación administrativa, de reducción de la discrecionalidad o incremento de controles administrativos, que son cruciales para prevenir estos fenómenos".

En este sentido, en el documento elaborado por ambas asociaciones se precisa que la lucha contra este tipo de corrupción "pasa ineludiblemente por la mejora de los procedimientos administrativos de gestión y control, incrementando su transparencia y los controles externos", aunque el derecho penal "debe jugar también un papel destacado en la represión de las conductas más graves".

A este respecto, el presidente de la UPF señaló que una vez que estas conductas "han aparecido es cuando razonablemente tenemos que acudir al Código Penal", texto que en la opinión de ambos colectivos "presenta deficiencias técnicas notables, por lo que entendemos que el legislador debería aplicarse a la tarea de intentar mejorar la definición de los delitos relacionados con la corrupción".

"No se trata de pedir más derecho penal, sino un mejor derecho penal, técnicamente más ajustado a los nuevos fenómenos de corrupción que no son lo mismos que hace años", apuntó el presidente de la UPF. En este punto, a parte del cohecho, pusieron también como ejemplo propuestas concretas respecto a la prevaricación y a los delitos urbanísticos.

Así, respecto a la prevaricación, apostaron por "penar la conducta del funcionario que arbitrariamente emita un informe o una propuesta de resolución contrarios a la norma", ya que, según recordaron, sólo se aplica ahora "a las autoridades que adoptan una determinada decisión, aunque hay supuestos en las que esa resolución surge automáticamente de un informe técnico previo".

Asimismo, respecto a los delitos urbanísticos, plantearon la creación de tipos penales referidos a la firma de convenios ilegales "cuyo único propósito es el favorecimiento de intereses privados", pues "la experiencia indica que constantemente se firman convenios de este tipo entre promotores y los ayuntamientos con la pura y simple finalidad de allanar el camino a la ulterior recalificación del suelo".

MEDIDAS DE INVESTIGACIÓN

Por otro lado, consideraron necesario abordar la reforma de la regulación de las medidas de investigación o cautelares que afectan a los derechos fundamentales, como las escuchas telefónicas, apuntando que el que la regulación sea constitucionalmente válida "no excusa la necesidad de fijar legislativamente", según se señala en el documento de conclusiones.

"No es que estemos en una situación de ilegalidad, pero ocurre que los detalles y la seguridad jurídica se han visto abandonados a la jurisprudencia, por eso señalamos la necesidad de que el legislador asuma de una vez su responsabilidad y ejerza sus potestades y aquello que la jurisprudencia ha ido definiendo, lo recoja, lo sistematice, lo adapte a la realidad actual y lo plasme en una ley", apuntó Sánchez.

En este punto, aseguró que "ha habido una evolución social y tecnológica a la que la Ley de Enjuiciamiento Criminal no está dando respuesta", por tanto, consideró, "ya es hora de que el legislador recoja lo que los tribunales han ido determinando y lo plasme en la Ley, sobre todo para mayor garantía de los ciudadanos, aunque también para evitar polémicas estériles que solo hacen beneficiar a los delincuentes".

"Cierto es que en los momentos actuales, algunos sectores justifican las injerencias que se realizan en estos derechos a la demanda de seguridad por parte de la ciudadanía ante el incremento de la actividad delictiva, pero ello no debe suponer que la hipotética falta de interés en dicha reforma lleve consigo que se prolongue más en el tiempo una regulación anticuada", concluyeron en el documento.

PROPIEDAD INTELECTUAL Y MALOS TRATOS

Sobre el proyecto de ley sobre derechos de propiedad intelectual, apuntaron que, aunque ambas asociaciones "no son ajenas" a la problemática que "plantea la sistemática vulneración" de dichos derechos, consideran que la regulación pretendida "puede producir enormes conflictos jurídicos por la coexistencia de procedimientos judiciales sobre la misma cuestión".

También se abordó la Ley de Violencia de Género y consideraron "positivo" el seguimiento que de esta normativa está llevando el Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género y la Fiscalía especializada, "animando a que se amplíe el trabajo con el fin de conocer con datos objetivos aspectos de la aplicación de la ley en los juzgados".

No obstante, entendieron que "el desigual desarrollo de los diferentes frentes de actuación de la ley ha llevado en la práctica a una preponderancia del Derecho Penal, cuyos específicos principios no agotan la complejidad del problema". Además, insistieron en que sigue siendo necesaria "una mayor coordinación" entre instituciones públicas para el enjuiciamiento y ejecución de penas.

Por último, manifestaron que el incremento del número de denuncias "hace necesario revisar los recursos materiales y humanos", haciendo hincapié en "los colapsos producidos en los juzgados que son de primera instancia e instrucción y de violencia de género", situación que "lleva a considerar la posible comarcalización de estos juzgados", apuntaron.